La maquinaria aprista para su retorno al Congreso ya estaba en ejecución. Todo parece indicar que el regreso de la desaforada legisladora Tula Benites Vásquez al Parlamento es inminente en vista de una serie de resoluciones de jueces y fiscales de vinculación aprista que pretenden librarla de toda responsabilidad por la contratación de su empleado 'fantasma’ Juan Carlos Cuadros Noriega. Lo último es el dictamen del fiscal José Antonio Peláez Bardales a favor del archivamiento de la causa. Mientras el escenario político se distraía con los juicios a Fujimori, con el 'chuponeo’ de BTR y con los entredichos entre el presidente de la Corte Suprema y algunos congresistas, algunos jueces y fiscales cercanos al partido de gobierno concretaban acciones a favor del retorno de Benites al Parlamento sustentándose en el mismo argumento de la defensa: que el responsable de la contratación del empleado 'fantasma’ es el Congreso. La resolución del fiscal Peláez –emitida el 15 de setiembre de 2009–, a la que accedió Perú.21, establece que no hay mérito para pasar a juicio oral a la desaforada parlamentaria y ordena el archivamiento definitivo del caso. Peláez se suma así al fallo en primera instancia del juez titular del 10° Juzgado Especializado en lo Penal de Lima, Darío Octavio Palacios Dextre, que absolvió hace poco a Cuadros con la misma tesis de la no responsabilidad del legislador en la contratación de su personal. Paralelamente, en el plano partidario, el aprista Luis Alva Castro, titular del Legislativo, les dio la razón a los abogados de Benites respecto a que es la Dirección de Recursos Humanos la que realiza estos contratos. Fuentes de la judicatura señalaron que dentro de esta maquinaria judicial se encuentra el ex presidente de la Corte Suprema Walter Vásquez Vejarano, tío de la desaforada legisladora, quien ayer –en un aviso publicado en un diario local– se pronuncia en ese mismo sentido. Pero este argumento ha sido desestimado por el vocal supremo Sócrates Zevallos, cuya sentencia a Elsa Canchaya (ver pág. 4) deja el precedente de que el parlamentario sí es el responsable de efectuar los nombramientos de su personal. OPINIÓN A LA MEDIDA. El dictamen de Peláez omite muchas situaciones reales sobre el caso de Benites. Por citar un ejemplo, pretende desacreditar la versión de Perú.21 con los testimonios de Cuadros y de Benites, sin tomar en cuenta que el Congreso comprobó las contradicciones en las que el 'fantasma’ incurrió después de brindar su versión a este diario. Tampoco ha tomado en cuenta que los retiros bancarios de la tarjeta que le entregó el Parlamento a Cuadros se hicieron en La Libertad y que este no pudo demostrar sus viaje a esa región. Peláez no se pregunta por qué nunca retiró dinero de esa cuenta en los cajeros de Lima. Tampoco consideró el informe de Seguridad del Congreso que confirma la presencia de Cuadros, solo dos veces, en el Parlamento como 'visitante’ en el periodo en que aparece como trabajador del Legislativo. Por el contrario, Peláez increíblemente concede credibilidad al testimonio de Clemencia Ulloa Gavidia, la mujer que –según el 'fantasma’– era la que retiraba el dinero del banco. Para el ex parlamentario Heriberto Benítez, el fiscal Peláez es conocido en el ambiente judicial por su estrecha cercanía al Apra. “Los tres hermanos Peláez (el congresista, el fiscal y el titular del Consejo de la Magistratura) están vinculados al Apra”, acotó el abogado.