La conclusión del fiscal supremo Tomás Gálvez sobre el caso de la congresista desaforada Elsa Canchaya es que el Parlamento se equivocó en la formulación de los delitos que aquella habría cometido al contratar, como asesora, a su empleada doméstica. Según su percepción, Canchaya no podía haber cometido el delito de nombramiento ilegal –el único por el que sería juzgada– porque ella solo sugirió la contratación de Jacqueline Simon, pero esta fue contratada por la Gerencia de Recursos Humanos del Legislativo. En conferencia de prensa, añadió que, tras evaluar el caso, descubrió que el Congreso no exige ningún requisito para contratar a un asesor de nivel F-6, que es el nivel en el que fue contratada la empleada doméstica Simon. Con estos argumentos, Gálvez respondió a la denuncia que interpuso el martes último el procurador del Parlamento, Julio Ubillús, quien lo acusa de haber cometido los delitos de prevaricato y omisión, y rehusamiento o demora de actos funcionales. “Es cierto que se ha realizado un acto reprochable, pero ese acto no constituye el delito por el cual se le está procesando. (...). Yo no conozco el hecho al detalle, solo conozco lo que me han elevado”, indicó tras expresar que la no exigencia de requisitos para contratación de personal facilita que los legisladores hagan trampa. Sobre el tiempo que se tardó para resolver el recurso de excepción de naturaleza de acción, que presentó Canchaya para no ser procesada, el fiscal dijo que su resolución la había emitido en “un tiempo prudente”. CONGRESISTAS SÍ CONTRATAN. No obstante esto, el procurador del Parlamento insistió en su denuncia contra Gálvez aduciendo que los legisladores sí ordenan la contratación de su personal de confianza. “Me llama la atención que el fiscal reconociera que no vio el expediente principal. Entonces, ¿de qué se puede pronunciar? No es verdad que la congresista no contrate. Hay documentos en los que ella da cuenta de que (Simon) está trabajando en su despacho. Por eso no hay un contrato escrito; hay un acuerdo verbal que dice que ella es de confianza y, cuando esta renuncia, la parlamentaria informa que ha aceptado esto”, expresó. Ubillús aclaró que sí existen requisitos para la contratación de un asesor del nivel F-6, como el acreditar una experiencia laboral de cinco años en especialidad parlamentaria. “El tiempo de prescripción de este delito (nombramiento ilegal) es corto, y el fiscal le ha regalado siete meses”, añadió al referirse al plazo en el que el magistrado resolvió.