Cuatro informes elaborados por la Contraloría General, respecto de las operaciones desarrolladas en el país por la empresa Petrotech, son la base sobre la cual trabaja la comisión parlamentaria que investiga el tema, a cargo del congresista Jhony Peralta, del Partido Aprista. La documentación, obtenida por Perú.21, revela serias irregularidades no solo en la designación del ex presidente del directorio de Perupetro, Rafael Samaniego Bógovich, sino también en el desempeño de este en el cargo para favorecer a la empresa privada en perjuicio del Estado. DOBLE JUEGO. El informe 181-2007-CG/SP señala que, al momento de ser designado por el Gobierno de Fujimori como titular de Perupetro –el 31 de mayo de 2000–, Samaniego aún se desempeñaba como gerente de Administración de Petrotech Peruana, a la cual –incluso– representaba en el litigio que le planteó la empresa estatal por el incumplimiento del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos del lote Z-2B del Zócalo Continental. Apenas asumió el cargo, el 6 de junio de 2000, Samaniego dirigió una serie de reuniones del directorio de Perupetro tendentes a lograr que se revocaran las acciones judiciales emprendidas contra Petrotech, lo que finalmente consiguió a solo 14 días de ocupar el cargo, según Contraloría. Producto de la intervención de Samaniego –dice uno de los informes– Petrotech se ha librado de devolver al Estado un total de US$3’720,065. CONTRA LA LEY. Pero más allá de su irregular intervención en contra de los intereses estatales, el nombramiento de Samaniego también infringió la Ley General de Sociedades, que señala como impedimento para ser director de una empresa como Perupetro “que (sean elegidos) directores, administradores, representantes legales o apoderados de sociedades que tuvieran, en forma permanente, intereses opuestos a los de la sociedad”. En pocas palabras, si Samaniego defendió los intereses de Petrotech en contra de Perupetro, no podía dirigir a la empresa estatal. Por ello, la Contraloría solicitó a las autoridades judiciales iniciar las acciones legales contra Samaniego por el presunto delito de negociación incompatible con el cargo. EL PERJUICIO ECONÓMICO. En 1993 Petrotech Internacional ganó la buena pro para la exploración de un lote de hidrocarburos. Sin embargo, quien firmó el contrato con el Estado fue Petrotech Peruana, lo que contravino lo establecido en el concurso público. El convenio establecía que Petrotech Internacional, como empresa extranjera, recibiría un beneficio tributario correspondiente al impuesto del 10% aplicable a las utilidades disponibles para el titular del exterior, lo cual –según la ley– no correspondía a su par nacional que fue la que firmó el documento. De acuerdo a esta situación, esta última se habría favorecido con más de US$ 3 millones.