El repentino aumento de atentados terroristas ya no está siendo percibido como algo lejano que no debe perturbarnos, sino, al contrario, el nivel de indignación y preocupación que ha generado en la población indica que esta lo siente muy cercano. Incluso la posibilidad, por más remota que sea, de que estemos ante un resurgimiento de Sendero ha irrumpido violentamente en nuestras casas recordándonos la pesadilla de hace no muchos años. Creo que el temor ciudadano va a ir en aumento, y el Gobierno cometería un gravísimo error al tratar de ignorarlo. Así que se debería reformular el llamado Plan VRAE, que es evidentemente inadecuado. Sin embargo, este programa, que busca el desarrollo en la zona, es una apuesta de largo plazo, por lo que antes de presentar otro plan gaseoso es preferible tomarse el tiempo para elaborar un proyecto que sea completo, concreto y coherente. Igualmente, que esté financiado y que cuente con una gerencia eficiente. Por otro lado, lo que sí es urgente es una estrategia militar ya que se requiere necesariamente recuperar el control del territorio para poner en marcha cualquier plan. Además, Sendero está en una tendencia ascendente y ha incrementando su armamento, por lo que darle un golpe antes de que se expanda demasiado es fundamental. Si bien el argumento de la falta de recursos siempre es esgrimido, el hecho es que el presupuesto de defensa para el próximo año es 42% más alto que el que heredó este gobierno, así que el contribuyente ya ha aportado; lo que falta es que dé resultados. Incluso, de los 5,382 millones de soles propuestos para ese sector, solo el 5% va destinado a la lucha contra la subversión. Claramente, es necesaria una reformulación, y algunas demandas militares deberían ser prioritarias. Se requiere helicópteros blindados y artillados. De los 18 MI-25 que tenemos, solo 3 están operativos. Mientras estos no puedan utilizarse, el riesgo de que ocurra otra desgracia como la del miércoles pasado es permanente. Asimismo, tampoco descartaría de plano la propuesta del vicepresidente sobre el estatus de la zona. Más bien, sugeriría que el premier, en lugar de estar preocupado por las ONG, se reúna con la fiscal de la Nación y con la defensora del Pueblo para evaluar cómo implementar algún esquema con veedores o una instancia similar que permita que las tropas en la zona puedan actuar con un poco más de tranquilidad.