Se complica la situación de la congresista sentenciada por hurto agravado de energía eléctrica. La Mesa Directiva del Parlamento estaría evaluando la posibilidad de autorizar la presentación de una denuncia constitucional contra la representante arequipeña Rocío González Zúñiga por el presunto delito de falsedad genérica, lo que implicaría que pierda su libertad y sea recluida en prisión. Fuentes legislativas revelaron a este diario que la decisión de declarar la vacancia de la parlamentaria ya habría sido tomada y que, en los próximos días, la Presidencia del Congreso estaría convocando a una sesión plenaria para decidir el tema. Sin embargo, informaron que adicionalmente se estaría analizando la posibilidad de autorizar a la Procuraduría del Congreso que formule una denuncia constitucional contra la legisladora por haber ocultado la información de su situación judicial cuando asumió la función parlamentaria, en el año 2006. Nuestras fuentes comentaron que esto sería un duro golpe para González, pues la condena de cuatro años suspendida que recibió en 2006 establecía determinadas normas de comportamiento, entre las que se incluye no volver a tener problemas de tipo judicial. La denuncia –añadieron– podría implicar que el Poder Judicial cambie la situación judicial y la condena se vuelva efectiva. ARTÍCULO 25°. De otro lado, la Comisión de Constitución analizará y se pronunciará hoy respecto a un informe elaborado por su secretaría técnica sobre la aplicación del artículo 25° del Reglamento del Congreso en el caso de la legisladora arequipeña, según reveló su presidenta, Mercedes Cabanillas. En diálogo con Perú.21, la parlamentaria precisó que su comisión recibió un pedido del Consejo Directivo para pronunciarse si en el caso de González se aplica este artículo o la modificación aprobada a mediados de 2007. “Simplemente, vamos a tomar conocimiento de ese informe técnico y a pronunciarnos”, puntualizó. Cabe recordar que dicho artículo está referido a la declaratoria de vacancia y a la convocatoria del accesitario. La diferencia está en que la modificatoria precisa que, para que se aplique la vacancia, debe existir una sentencia con pena de prisión efectiva y una condena por delito doloso. Una moción presentada por el legislador Javier Bedoya de Vivanco (UN) permitiría precisar que la modificación no alcanzaría a las denuncias constitucionales y situaciones judiciales presentadas con anterioridad. Según trascendió, el criterio de la secretaría sería que a González se le debe aplicar el anterior artículo 25 porque la sentencia judicial fue dictada en julio de 2006.