El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez, manifestó ayer que, en estos momentos, el Ejecutivo se encuentra evaluando la demanda de los diferentes grupos parlamentarios para desactivar la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA). A su salida de la sede del Legislativo tras el mensaje presidencial, el primer ministro indicó que el Gobierno tiene sumo interés en estudiar el referido pedido, aunque no precisó cuándo se tomará una decisión al respecto. Dicha institución, sin embargo, se encuentra acéfala desde la primera semana de julio, cuando renunció a su jefatura la ex magistrada Carolina Lizárraga. Inclusive, los funcionarios y empleados que quedan –menos de la mitad de los que estaban al inicio– solo realizan labores administrativas, tal como *Perú.21* informó hace unos días. Esto significaría que, en buena cuenta, esta oficina –que fue anunciada con bombos y platillos– se encuentra paralizada.