Como si formara parte de la realeza, y se hubiera transformado en una versión moderna del Rey Sol, Luis XIV, Alva Castro se niega a publicar las más de 20 resoluciones que ha firmado desde que fue elegido para el cargo. Entre dichas resoluciones está incluida la que otorgaba el subsidio del contribuyente a un espectáculo musical montado por una empresa privada, así como aquella que donaba un millón y medio de soles para la remodelación de la casa del fundador del partido al cual pertenece el presidente del Legislativo. También se encontraría la resolución que le daba un aumento de 50% al sueldo de los funcionarios del entorno más cercano a Alva Castro, y de seguro debe de estar la reasignación presupuestal mediante la cual le otorga a su secretaria el salario de un general. Por todos esos antecedentes, consideramos que es más que evidente el interés del público en conocer lo que todas esas resoluciones contienen. Sin embargo, pese a la obligación contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a reiteradas solicitudes de nuestra parte, el Congreso simplemente rehúsa entregar las resoluciones. Con esa actitud, están dando el peor ejemplo posible a todas las entidades del Estado, las cuales se sentirán avaladas por el Parlamento cuando también decidan incumplir con su obligación y con la ley de entregar la información que sea requerida por el ciudadano. En realidad, no parece tener ningún sentido el aprobar leyes que luego son ignoradas por el propio Legislativo. Los contribuyentes gastamos 300 millones de soles al año en el Congreso, y este ni siquiera cumple con su deber más básico de mantenernos informados. El menosprecio hacia el ciudadano se está volviendo cada vez más pronunciado. Todo lo avanzado durante años, en materia de portales públicos, se ha ido gradualmente perdiendo y el sector estatal cada día está más cerrado. La visión de que la transparencia impediría los abusos del poder no fue más que otro engañamuchachos. Al final, lo que nos queda es la fuerte sospecha de que entre esas resoluciones, que el Congreso se niega a entregarnos, deben de existir otras perlas como las que ya hemos denunciado. El secretismo tiene la gran desventaja de obligar a ser malpensado y asumir que el funcionario que lo practica es culpable hasta que demuestre lo contrario.