Fuera de las implicancias políticas o judiciales, el escándalo desatado el domingo, a raíz de la difusión de conversaciones que uno de los participantes “no recuerda” y que el otro define como “coloquiales y en broma”, pone nuevamente en el debate la actividad empresarial del Estado, actividad que implica competir con privilegios. Tal es el caso de la hoy cuestionada Petroperú, que ha logrado estar en el mejor de los mundos: excluida del control de Fonafe y del SNIP, y sin estar sujeta a las normas que rigen las contrataciones de entidades públicas, puede, al mismo tiempo, acceder a financiamiento del Banco de la Nación y recibir transferencias del Tesoro para remediar pasivos ambientales. Sus intentos de incursionar nuevamente en la exploración y explotación han puesto en evidencia hechos que obligan a preguntarnos, nuevamente, si el Estado está faltando donde debe estar. Y sobrando en la actividad empresarial.