No tenemos todavía candidatos confirmados para las elecciones municipales de octubre, menos aun para las presidenciales del próximo año, y ya Lima está pintarrajeada con lemas electorales. Calles, plazas, cerros, muros han sido lotizados por agrupaciones políticas, contaminando visualmente nuestra capital de una manera que sería inimaginable en Washington o Madrid, por ejemplo. Incluso, el partido de Gobierno, que uno hubiera pensado que sería un poco más recatado, se ha apropiado ilegalmente del cerro San Cristóbal, recordándonos a los limeños, con las enormes letras blancas del Apra, de la prepotencia con la que han actuado en el pasado. Es claro que la legislación peruana, en materia de propaganda electoral, ha sido diseñada a fin de que no pueda ser fiscalizada. Pone en manos del eslabón más débil del estado –las municipalidades– la responsabilidad de sancionar a los infractores. Sin embargo, los alcaldes son los primeros en pintarrajear su propia localidad y, encima, ninguno de ellos va a querer comprarse un pleito con los partidos políticos, cuando la mayoría están buscando ser reelegidos. En el caso de Lima, el alcalde quiere cambiar de sillón, así que lo último que va a hacer es defender el derecho de los limeños a que no le ensucien su ciudad, cuando en la campaña presidencial terminará siendo un pecador más. Esa debilidad en la ley la conocían muy bien sus autores, que lo que buscaban es tener a todo el país como un enorme y gratuito panel publicitario. Es, en suma, la típica legislación hecha para beneficio propio, ya que han expropiado a los ciudadanos los muros y los cerros, a fin de que los partidos políticos se ahorren el dinero de pagar por su publicidad. ¿Usted cree que la municipalidad o el Gobierno, en general, permitirían que una marca de preservativos o de gaseosa se adueñe de un cerro que se ve en todo el centro de la ciudad, para vender su producto de manera ilegal? Por supuesto que no; en ese momento harían cola todos los políticos para pontificar, uno tras otro, sobre el ornato de la ciudad. Sin embargo, son ellos mismos los que la destruyen simplemente para no pagar. La ley debería prohibir el uso de muros y cerros para vender o promover cualquier producto, incluyendo el electoral. Mientras que los partidos políticos deberían, como cualquier otro vendedor que quiere convencer al consumidor, tener un presupuesto para publicidad.