Después de su frustrado intento de negociación en Loreto con los representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), el ministro del Ambiente, Antonio Brack, declaró ayer, superando cualquier 'piconería’, que “es necesario que se establezca un diálogo de alto nivel porque ellos se consideran Apus, y su único interlocutor para ellos es el Presidente de la República. Por ello se acordó que el jefe del Estado los reciba en Palacio para establecer un diálogo y pienso que ese es el paso que hay que dar” (Perú.21, 16.8.08). Este diálogo es imprescindible porque las comunidades nativas consideran que varios decretos legislativos promulgados en el marco de la llamada implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos vulneran su derecho a la tierra (y a sus territorios) y, finalmente, su sobrevivencia como pueblos. Durante la elaboración de dichos decretos, el Ejecutivo no consultó a las poblaciones que podían ser afectadas. Este es un error que aún se puede corregir si los máximos representantes del Gobierno dan muestras de respeto por peruanos que han demostrado, entre otras virtudes, una gran sapiencia para conservar el bosque amazónico. Los pueblos nativos amazónicos no están integrados al imaginario de los peruanos de la costa, o, si se quiere, al de la cultura criolla; menos aún lo están con derechos. Los campesinos de la sierra y las comunidades campesinas en general sí forman parte de la idea del Perú criollo; con derechos recortados y como ciudadanos de segunda categoría, pero por lo menos existen. La Amazonía, sobre todo la Selva Baja, solo ha adquirido rostro a través de los colonos asentados e instalados como ciudadanos en esa región. La capacidad de negociación del ministro del Ambiente era sumamente reducida porque, con lógica, él había adelantado que no tenía atribuciones para comprometerse a modificar normas del Ejecutivo; menos aún del Congreso, constitucionalmente independiente. Es de esperar que la reunión se concrete en un marco de escucha y respeto por las posiciones de las comunidades nativas; solo así se dejarán de lado los prejuicios de quienes consideran que sus integrantes no tienen criterio ni conciencia de sus intereses, sino que son manipulados por “extremistas”, “abogados” o instituciones con torvas intenciones. Esta visión reproduce prejuicios colonialistas que urge superar. Por eso también tiene razón el ministro Brack cuando asevera que la ruptura del diálogo “no es una derrota para el Gobierno, sino un hito que permitirá tomar decisiones en beneficio de dicha población” (Perú.21, 17.8.08).