Nuevamente el Congreso en el centro de controversias. Sin embargo, me parece encontrar que sabemos qué no nos gusta del Congreso, pero no tenemos clara la causa de los problemas y, por lo tanto, tampoco sabemos qué hacer para solucionarlos. Esta vez se trata de tres casos: un congresista que habría fraguado documentación para recibir dinero por gastos operativos no realizados (Anaya), otro que contrató irregularmente personal a su cargo (Sucari) y otro que infringió el Código de Ética (Espinoza Soto). Los tres han sido sancionados: a Anaya se le levantó el fuero parlamentario y mereció una acusación constitucional, mientras que Sucari y Espinoza Soto fueron suspendidos por 60 días. Pero el énfasis ha estado en los gastos operativos de los congresistas. Rosa María Palacios y diversos ciudadanos han solicitado acceso a la documentación que da cuenta de ellos, y la respuesta del Congreso y de muchos de los congresistas (no todos, por cierto) ha sido evasiva y defensiva, cuando no paranoica y agresiva. Está muy bien la fiscalización y la participación ciudadana. Sin embargo, no puedo dejar de expresar preocupación por el carácter antipolítico que puede terminar adoptando esta campaña. Además, cada vez parece haber más conciencia de que los problemas asociados con los gastos operativos tienen que ver con problemas más de fondo: de un lado, una rebaja “a medias” de las remuneraciones en 2006 y 2007, que intentó ser “compensada” con esta cuenta de gastos, y del otro, la obligación de justificar el 90% de esos gastos, establecida durante la Mesa Directiva de Mercedes Cabanillas, no acompañada por adecuados mecanismos de control. ¿Qué hacer? Algunos han sugerido convertir los gastos operativos en parte de la remuneración, lo que suena muy extraño: ¿Primero los criticamos y, después, les subimos el sueldo? Más apropiado sería controlar mejor esos gastos, de manera más transparente y menos engorrosa, por un organismo que debería ser autónomo, no dependiente de la Mesa Directiva del Congreso. Otra medida, a propósito del caso Sucari, es vincular las contrataciones de personal a los grupos parlamentarios, no a los congresistas individuales. No perdamos de vista que cuando elegimos a los congresistas votamos por listas partidarias, antes que por individuos (dicho sea de paso, los tres cuestionados fueron electos por UPP). Se invoca el principio del control ciudadano para poner a los congresistas bajo celoso escrutinio, lo que está bien; pero los activistas deben promover el involucramiento de los verdaderos protagonistas. En el caso de Anaya, deben ser los ancashinos, los lambayecanos en el de Espinoza Soto, y los puneños en el caso de Sucari, dicho sea de paso, la congresista electa con la votación más alta en su región.