No todo parece estar perdido en la investigación judicial del caso ‘petroaudios’. Luego de que, en su edición de ayer, Perú.21 advirtiera que el proceso judicial se desploma por las cuestionables decisiones del juez Jorge Barreto –de anular las pruebas adjuntadas por el Ministerio Público–, la Tercera Sala Anticorrupción revocó la resolución que emitió, en marzo de 2009, el magistrado anulando la validez de los dos informes elaborados por la Contraloría General de la República que corroboraron las irregularidades cometidas en el proceso de concesión de los lotes petroleros a la Discover Petroleum International (DPI). De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, en su resolución, el tribunal superior no solo confirma la validez de los documentos emitidos por el órgano de control, sino que llama la atención al magistrado por anular los documentos que él mismo declaró válidos al momento de dar trámite a la denuncia presentada por el fiscal anticorrupción Óscar Zevallos. La decisión de la Tercera Sala Anticorrupción, se precisó, data de una semana atrás, pero recién se envió al despacho del juez Barreto en los últimos días. Acatando la referida disposición, el magistrado decidió incluir en el voluminoso expediente judicial los informes N° 013 y 029 (ver recuadro). Cabe precisar, sin embargo, que el peritaje que fue ordenado por el magistrado para reemplazar a los dos informes antes mencionados continúa en curso. Un vocero consultado indicó que “no ha existido transparencia en la selección y designación de estos peritos. Más aún cuando ya existe sobre el tema trabajos del órgano competente, como es la Contraloría General”. La información obtenida por este diario señala además que, a la fecha, los peritos convocados por Barreto no habrían encontrado irregularidades en el proceso de concesión de los lotes petroleros. Una vez que los peritos entreguen el informe en referencia –se estima que será en los próximos días–, este será debatido en una audiencia judicial a la que serán convocados tanto los especialistas contratados como el procurador del Estado, Jorge Luis Caldas, y Eduardo Roy Freire, abogado del principal implicado en el caso ‘petroaudios’, Rómulo León Alegría. INVESTIGACIÓN. En el ámbito político, en tanto, representantes de la oposición manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el caso de los ‘petroaudios’ termine en el archivo pese a ser el escándalo de corrupción más sonado del segundo gobierno aprista. El legislador nacionalista Fredy Otárola enfiló sus baterías específicamente contra el presidente Alan García, al afirmar que la sucesión de hechos que causaría el ‘desplome’ de la investigación provendría de órdenes emitidas desde Palacio de Gobierno. “Este es otro ‘faenón’. Existen pruebas tangibles de la corrupción que rodeó la concesión de lotes petroleros; pero, bajo el argumento de que algunas pruebas fueron obtenidas ilegalmente, se pretende ahora consolidar la impunidad. La Oficina de Control de la Magistratura debe iniciar, de oficio, una investigación al juez Jorge Barreto”, demandó. En esa misma línea, el congresista Carlos Bruce comentó, con ironía, que “no es a los hinchas de la ‘U’ sino a los altos funcionarios de este gobierno que favorece la actuación de Barreto”, y confió en que las instancias respectivas del Poder Judicial investigarán los hechos. “No se debe dejar que las componendas permitan la impunidad de los involucrados. Ahora resulta que hay que darle un diploma y condecorar a Rómulo León y a Fortunato Canaán porque le han hecho un bien al país. Se entiende ahora por qué el Poder Judicial no quiso soltarle los ‘petroaudios’ al Congreso”, aseveró. Más cauto, el portavoz de Unidad Nacional, Rafael Yamashiro, prefirió esperar el pronunciamiento final del magistrado, pero recalcó que, aunque podrían desestimarse algunas pruebas, hay otros elementos “válidos y objetivos” que confirman la irregular operación, mientras que Daniel Abugattás advirtió que el cuestionamiento judicial a los audios estaría “preparando el terreno” para la inminente excarcelación de León Alegría y de Alberto Quimper. De otro lado, el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, descartó que el Ejecutivo haya hecho presión sobre el Poder Judicial en este caso, y corrió traslado de la respuesta a su titular, Javier Villa Stein. “Nosotros somos respetuosos de las decisiones del Poder Judicial. Yo rechazo y descarto tajantemente que tengamos algún nivel de intervención en la decisión de los órganos jurisdiccionales. Respetamos su autonomía y pedimos a los jueces que actúen con rigor a la ley”, declaró. CASO BUSINESS TRACK. Entre tanto, Javier Villa Stein designó ayer a los vocales que integrarán el comité que se encargará de la transferencia de los archivos del caso Business Track (BTR) –empresa investigada por haber realizado el ‘chuponeo’ telefónico a Rómulo León y a Alberto Quimper– a la comisión del Congreso presidida por Oswaldo Luízar. De acuerdo con el comunicado de prensa del Palacio de Justicia, los vocales designados para esta labor son César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y José Luis Lecaros. Los dos primeros formaron parte del tribunal que sentenció al ex mandatario Alberto Fujimori en los juicios orales que afrontó en nuestro país, en tanto que el tercero investigó los actos de corrupción de los ministros de Estado del régimen fujimorista. Ellos coordinarán directamente con los parlamentarios Luízar, Rolando Sousa y Walter Menchola.