Una sentencia que crea un precedente. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia falló ayer en contra de la suspendida legisladora Elsa Canchaya Sánchez (UN), declarando su destitución como congresista y su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por tres años por la contratación de su empleada doméstica, Jacqueline Simon Vicente, como asesora de su despacho. El veredicto del vocal supremo Sócrates Zevallos Soto encuentra responsable penal a Canchaya por el delito de nombramiento ilegal. La denuncia fue presentada en mayo de 2007 por la entonces presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, luego de un informe propalado por el programa Cuarto poder. Según el fallo, la inhabilitación implica “privarla del cargo de congresista y declarar su incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público”; todo ello por el periodo de tres años contados a partir del 7 de junio de 2007 hasta el 6 de junio de 2010, así como una reparación civil de S/.30 mil. Asimismo, se le impuso la pena de 120 días-multa, equivalente al 30% de su ingreso promedio diario, que será determinado atendiendo al sueldo que percibiera como parlamentaria, y que deberá ser cancelada dentro de los 10 días posteriores a la lectura de sentencia. Esto último es bajo apercibimiento de convertirse –previo requerimiento judicial– en un día de pena privativa de libertad por cada día-multa no pagado. FALLO SIENTA PRECEDENTE. El fallo del vocal Sócrates Zevallos crea un precedente frente a casos de otros legisladores que propusieron la contratación de empleados 'fantasmas’ y que, ahora, pretenden responsabilizar de esta irregularidad a la Dirección de Recursos Humanos del Congreso. La sentencia determinó que la de-saforada legisladora fue quien designó a su personal de confianza y ordenó que se cumpliera con la normatividad para dicha designación, “función que la Dirección de Recursos Humanos del Congreso esperaba que se cumpla correctamente en virtud del Principio de Confianza (categoría de la imputación objetiva) que debe prevalecer en un régimen de división de roles”. También concluye que Jacqueline Simon era la empleada del hogar de Canchaya, y que esta “infringió los deberes de función que se le asignaron como parlamentaria, condición personal que hace más reprochable su accionar por su condición de abogada”. APELARÁ. Tras la lectura de sentencia, la representante de Junín expresó su disconformidad y anunció que apelará por considerarla “ilegal”. Alegó que el fallo fue leído cuando hay otros recursos de defensa en curso y que no se ha acreditado que el congresista es el responsable de la contratación de su personal. “Pareciera que la sentencia ha sido redactada hace tiempo”, remarcó.