En una escena que se repite, un ciudadano colombiano fue asesinado en el malecón de Miraflores, en Lima, en apariencia, debido a un “arreglo de cuentas” de narcotraficantes. Paralelamente se conoció que, según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), adscrita a las Naciones Unidas, “en unos cinco o 10 años (el Perú) podría pasar a ser el mayor productor mundial de cocaína, desplazando de ese lugar a Colombia” (Perú.21. 23-2-10). Durante la primera presidencia de Alan García (1985-1990), los países andinos, incluido el Perú, esgrimieron oficialmente la tesis de la corresponsabilidad con EE.UU. en el narcotráfico: es un asunto de oferta y demanda. Esta tesis ha desaparecido y, más que nunca, los países latinoamericanos aparecen como responsables unilaterales de esta forma de crimen organizado. En México, la situación está fuera de control. El 2009 fueron asesinadas más de 7 mil personas a causa del narcotráfico. Los cárteles desafían el poder del Estado y la estrategia oficial es criticada por su falta de rumbo. En un revelador artículo, “La hipocresía yankee” (El País, 24-2-10), el mexicano Raymundo Riva Palacio, ex director editorial de El Universal, acusa a Estados Unidos de mantener una doble política sistemática frente al narcotráfico. Sostiene su afirmación en una serie de datos, de los cuales cabe recoger “una manito”: Según información de 2007, en Estados Unidos, 35 millones de personas afirmaron haber consumido drogas “por lo menos alguna vez en su vida”; en México, 3.5 millones. De acuerdo con el Consejo Nacional contra las Adicciones de México, “el 2% de los estadounidenses consume cocaína, frente al 0.4% de los mexicanos”. En cuanto a la marihuana, “toda la producción de México es inferior a lo que produce anualmente California”. A contracorriente de su discurso oficial sobre el uso de drogas, “en doce estados de Estados Unidos se ha autorizado el consumo de la droga (marihuana) en cantidades limitadas”. De los US$65 mil millones al año que gastan los estadounidenses en drogas, “entre US$27 mil y 48 mil millones se reinyectan en su economía”. La doble política estadounidense, la evasión de la corresponsabilidad y la eventualidad de que el Perú se convierta en principal exportador de cocaína ponen al país ante un peligro: que, dado el alineamiento del Gobierno con Estados Unidos, al igual que el de Colombia, no se aplique sino el incremento de la represión en las zonas productoras de hoja de coca. Mientras tanto, se mantendrá indemne la política del silencio que Estados Unidos aplica en su territorio, allí donde se abastecen de armas los cárteles mexicanos –pues no hay restricciones de venta– y la economía se alimenta del dinero del narcotráfico. Qué más da: que México siga poniendo los muertos y el Perú, los costos sociales y la mala fama.