Con las pruebas a la mano. La de-saforada congresista Elsa Canchaya Sánchez sí fue la responsable del nombramiento de su empleada doméstica como asesora de su despacho parlamentario porque así lo acreditan los memorándums que remitió a la Oficina de Recursos Humanos “comunicando” (término utilizado por ella misma) el inicio de funciones y, luego, su decisión de aceptar la renuncia de Jacqueline Simón Vicente. Estos documentos fueron presentados ayer a este diario por el procurador Julio Ubillús y contradicen el contenido del dictamen del fiscal supremo adjunto Tomás Gálvez Villegas, que exime de responsabilidad a Canchaya en el delito de nombramiento y aceptación ilegal para el cargo. Como sostiene el procurador, en estos memorándums la suspendida parlamentaria reconoce su capacidad decisoria en el nombramiento de su asesora y, simplemente, comunica al Congreso que Jacqueline Simón ya trabajaba en su despacho. “El documento es contundente. El 4 de enero de 2007, Canchaya comunica que Simón ya trabajaba desde el 1 de enero. ¿Quién nombró a la asesora? La propia Canchaya y, después, comunica de ese vínculo laboral al Parlamento. No es una propuesta, es una designación”, enfatizó. Asimismo, el artículo 5° del Reglamento Interno de Trabajo del Legislativo, vigente en el momento de la contratación de Simón, establecía que el ingreso del personal de confianza de los congresistas es “por designación directa”. En el segundo memorándum, la parlamentaria pone en conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos que ha aceptado la renuncia de Simón, y en un tercer documento informa que ya tiene una nueva asesora. CUESTIÓN DE SINÓNIMOS. Perú.21 dialogó ayer con el fiscal Gálvez, quien defendió el contenido de su polémico dictamen a favor de Canchaya. Cuando se le preguntó sobre el Reglamento Interno de Trabajo, que reconoce a los legisladores la facultad de designar al personal de su despacho, respondió que, a su entender, designar y proponer “son sinónimos” y, por lo tanto, la suspendida congresista solo propuso la contratación de Simón. Gálvez manifestó que hay una distorsión en la interpretación de la denuncia contra Canchaya porque la entidad encargada de contratar al personal es la Gerencia de Recursos Humanos. Sin embargo, cuando se le hizo saber del memorándum en el que Canchaya comunica al Parlamento que Simón ya trabajaba en su despacho, el representante del Ministerio Público comentó que la propia legisladora suspendida ha reconocido que usó una terminología inadecuada. Entonces, se le recordó que Elsa Canchaya es notaria y que no se puede aceptar que se haya equivocado de término o no supiera del alcance de sus atribuciones como congresista. “Probablemente, esta señora es un poco voluntariosa; entonces, casi, casi, se arroga facultades para nombrar. Es un exceso porque no tiene facultad para ello”, remarcó. Para el fiscal Gálvez, no hay responsables individuales en la contratación de una empleada doméstica como asesora del Legislativo. “La culpa es del Parlamento, por no fijar los requisitos para asesor”, sentenció y afirmó que el procurador “pretende salvar su pellejo”.