Al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga Seoane, le debe de haber caído como un balde de agua fría la publicación que da cuenta de la investigación que pesa sobre sus espaldas y que lo involucra en el presunto delito de lavado de activos. El semanario Juez Justo señaló ayer que, a través del Oficio N° 052-2008, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) informó al Ministerio Público sobre el presunto desbalance patrimonial detectado en los bienes del cuestionado dirigente deportivo. De acuerdo con el reportaje, en el documento en referencia la División de Inteligencia Financiera de la Dirincri concluye que “existen indicios y evidencias de que Manuel Burga Seoane se encontraría implicado en la comisión del delito de lavado de activos”. ¿Y cómo justifica la división policial su conclusión? Señala que, según la documentación contable evaluada, no existe concordancia entre los ingresos que percibe Burga como socio del Instituto Superior Tecnológico Privado Alfonso Huapaya Cabrera y los bienes que ha adquirido en los últimos años. LA PUNTA DEL ICEBERG. La investigación empezó con la denuncia realizada por la Procuraduría del Ministerio de Educación, que descubrió que los títulos entregados por el Instituto Alfonso Huapaya, fundado para la formación de entrenadores de fútbol, carecían de valor legal. El detalle que llamó la atención de los investigadores fue que, de acuerdo con los libros contables de la entidad, no existía coherencia ni igualdad en las pensiones pagadas por los estudiantes. “Se desconoce el destino que le dan a dicho dinero (de las pensiones educativas). Se concluye que Manuel Burga y los demás implicados resultan presuntos autores del delito contra la fe pública en agravio del Estado”. Dentro de los bienes registrados a nombre del dirigente deportivo figuran dos viviendas: una en Miraflores y otra en Pimentel, Chiclayo. Sobre el particular, el informe policial indica que “hay evidencias de que han existido transferencias o compras de bienes muebles e inmuebles; no se conoce la procedencia del dinero y se presume que con las ganancias obtenidas ilícitamente habrían obtenido, a través del sistema financiero, la titularidad de diversas cuentas bancarias”. La Policía envió el respectivo informe al titular de la 57° Fiscalía Provincial Penal, Jorge Sanz Quiroz, para que este le brindara al equipo de peritos el respaldo legal para continuar investigando el tema y le autorizara a levantar el secreto bancario y tributario de Burga y sus socios, Enrique Velarde Pacheco y Alejandro Velarde Farromeque. Sin embargo, refiere el semanario, lejos de respaldar la indagación, el fiscal solicitó a la división policial “que se abstenga de iniciar la investigación”, con lo que detuvo las acciones. Actualmente, el caso estaría paralizado.