La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia condenó a siete años y seis meses de prisión efectiva al ex presidente Alberto Fujimori al encontrarlo responsable de los delitos contra la administración pública, peculado doloso por aplicación y contra la fe pública, en la modalidad de falsedad ideológica en agravio del Estado, cometidos por el pago ilegal de 15 millones de dólares a su ex asesor Vladimiro Montesinos. Esta ha sido la primera sentencia contra el ex mandatario por delitos de corrupción. El colegiado, presidido por el vocal César San Martín, dispuso también que Fujimori pague una reparación civil a favor del Estado de tres millones de nuevos soles, cifra similar a la que se estableció, en febrero de 2005, en el proceso que –por el mismo caso– se siguió en contra de los ex ministros Carlos Boloña Behr, Federico Salas y Carlos Bergamino Cruz. Asimismo, se le aplicó la pena de dos años y 10 meses de inhabilitación e incapacidad para ejercer mandato, cargo, empleo o comisión de carácter públicos. La lectura del veredicto tomó aproximadamente una hora y media y, durante ese tiempo, el ex jefe de Estado escuchó con tranquilidad tomando algunos apuntes. Luego de la consulta con su abogado César Nakazaki, anunció que interpondrá un recurso de nulidad de la sentencia, la cual vencerá el 11 de agosto de 2014, mientras que el fiscal Avelino Guillén expresó su conformidad. Al levantarse la sesión, Fujimori saludó a su hijo Kenji esbozando una ligera sonrisa, para luego abandonar la sala. Esta es la tercera sentencia que recibe el ex gobernante por actos de su gobierno, pues el 12 de diciembre de 2007 fue condenado a seis años por el allanamiento del domicilio de Trinidad Becerra, ex esposa de Montesinos, y el 25 de abril de este año se le aplicó la pena de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta. NUEVA INVESTIGACIÓN. El fallo de la sala incluye también un pedido para que la Fiscalía Suprema investigue el origen de los 15 millones de dólares que el ex mandatario devolvió, el 2 de noviembre de 2000, al Ministerio de Defensa. Para ello, se autorizó que se le remita copia certificada de varios documentos que demostrarían que se trataba de billetes distintos a los entregados a su ex asesor. Entre estos figura el firmado por el general Luis Muente y sus declaraciones judiciales, el recibo de transporte de valores de Prosegur, las declaraciones de Vladimiro Montesinos y los informes de las comisiones investigadoras del Congreso. Igualmente, figuran los testimonios del capitán Henry Tunanñaña y de los ex ministros Boloña y Bergamino. De acuerdo con Guillén, estas piezas corroboran que el dinero entregado a Montesinos el 22 de setiembre y el devuelto 41 días después no era el mismo y, por lo tanto, merece una aclaración el origen de esa cantidad, especialmente –anotó– “si se tiene en cuenta que Fujimori aseguraba que ganaba solo S/.2,000 mensuales”. César Nakazaki manifestó que evaluará la posibilidad de iniciar acciones legales contra los miembros de la sala por desconocer un fallo anterior que determinó que los 15 millones sí fueron devueltos. VERSIÓN DE TUDELA. De otro lado, el ex primer vicepresidente Francisco Tudela afirmó que Montesinos sí pretendía dar un golpe de Estado en el año 2000, aunque señaló que desconocía el pago de los US$15 millones. “Me enteré después, como todos los peruanos, pero creo que, en algunos casos, la razón de Estado para preservar la tranquilidad de una nación justificaba actos que no están en la letra de la ley”, declaró a RPP. Tudela recordó su enemistad con el 'Doc’ y que la investigación de la Comisión Waisman determinó que Montesinos sostenía, en sus reuniones con la cúpula militar de entonces, que debían “tirarse a Tudela”.