La millonaria y extraña contratación a dedo, amparada en la coartada de la emergencia, ha vuelto a poner a Sedapal en el tapete. No es la primera vez que esta empresa se encuentra cuestionada por manejos poco transparentes; incluso en el ranking de acusaciones no aclaradas compite con Petroperú por el primer lugar en el sector empresarial estatal. En el caso especifico de la denuncia de las plantas de tratamiento para San Bartolo, que no se han entregado, es extraño que se hayan contratado, dado que en ese distrito existe un elefante blanco que ha costado más de 110 millones de dólares y que es justamente una enorme planta de tratamiento de agua residual, llena de problemas. Ese proyecto se viene arrastrando desde la década del 90 y a la fecha solo opera a un tercio de su capacidad. Sin embargo, en lugar de tratar de rescatar algo de ese enorme desperdicio, que es lo que cualquier empresa normal hubiera realizado, parece que para Sedapal es más atractivo el entrar en otro negociado. En realidad, desde que en 1994 Fujimori suspendió un proceso de concesión de Sedapal a solo dos semanas de concluir, todo ha sido cuesta abajo en ese sector. Los indicadores son decepcionantes. El 87% de las aguas servidas son arrojadas en la puerta de nuestras casas en la Costa Verde, mientras solo 83 % de limeños tienen acceso a agua potable y alcantarillado. Lima tiene peor servicio que cualquier otra importante capital regional, todas las cuales disfrutan de cobertura total. Por otro lado, la empresa se ha especializado en despilfarros –un impresionante muro a lo largo de la autopista del Rímac, un zoológico en Huachipa, una sede institucional que es una costosa huachafería y una serie de problemáticas inversiones–. Sin embargo, cada vez que se plantea concesionar algún proyecto se crea una alianza de sindicalistas, proveedores y demagogos oponiéndose al capital privado. 'Los desagües no se venden, se defienden’ parece ser la consigna de esa cofradía. En suma, una empresa cuyo principal atractivo parece ser darles liquidez a los allegados de los gobiernos de turno, bajo la complicidad del Fonafe, que no es más que una agencia de empleo para 'compañeros’. Por ello creemos que debe ser la Contraloría la que investigue esta denuncia y el Congreso debería evaluar el manejo de la actividad empresarial estatal en general, que cada día huele más a desagüe.