El orden público ha dejado de existir en algunas zonas del país. Las turbas bloquean carreteras, asaltan comisarías, secuestran policías, destruyen patrulleros cuando les place. La ley es papel mojado que nadie cumple, y los responsables salen impunes. Cuando una situación de desbarajuste se empieza a extender, surge el efecto multiplicador. En la era de la información, todos se enteran inmediatamente, a través de los medios de comunicación, de lo que sucede en otras partes. El mal ejemplo cunde muy rápido. Hasta ahora no se vislumbra una política al respecto. El incompetente Luis Alva Castro dejó las cosas en manos de la Policía, que pasó de un extremo a otro. Del excesivo uso de la fuerza, que costó casi dos decenas de muertos en disturbios sociales en los primeros meses de su gestión, se pasó a la lenidad total, cuyo más notorio ejemplo –aunque no el único– fue el 'Moqueguazo’. GOLPEANDO POLICÍAS. A principios de semana, los ronderos bloquearon varios caminos en Cajamarca. Uno de los puntos claves era El Empalme, un cruce de caminos vital. Un destacamento policial sin el suficiente número de efectivos al mando del coronel Luis Montesinos Valverde trató de desbloquearlo. La muchedumbre se enfrentó a los policías y los hizo correr a pedradas. En la huida, el coronel Montesinos resbaló y cayó. Un enjambre de revoltosos fue sobre él y lo golpeó salvajemente en el suelo. Por suerte, algunos de los policías regresaron, ahuyentaron temporalmente a los malandrines y escaparon llevándose al oficial. Esta penosa situación se está repitiendo con frecuencia en diversos lugares. La gente no solo le ha perdido el respeto a la Policía e incesantemente la derrota, sino que no vacila en golpear y/o secuestrar a quienes deberían encarnar la ley y el orden. Por supuesto, quienes cometen esos delitos quedan impunes. EN TODAS PARTES. Esta semana también varias carreteras en Cusco y Puno han sido bloqueadas por campesinos movilizados por agitadores indigenistas que propician un “levantamiento de los pueblos”. Los cortes de las vías han dejado varadas a miles de personas ante la indiferencia de las autoridades. En Sicuani, la muchedumbre ha asaltado una radio y perseguido a las autoridades. En el departamento de Lima, en la zona de Oyón-Huaura, las comunidades cerraron la vía esta semana. Para no ir tan lejos, en Ate, un grupo de vecinos bloqueó intermitentemente la carretera central durante varios días. Todos los hechos descritos han ocurrido en la última semana y revelan el deterioro del orden público, pero también algunas cosas más. INSENSIBILIDAD. Cuatro bloqueos de carreteras casi al mismo tiempo en el norte, el sur, el centro y Lima podrían llamar la atención. Puede ser coincidencia o no. En algunos casos hay reclamos parecidos. En Cajamarca, el corte de las vías empezó porque un grupo de pobladores estaba harto del abandono de las obras de la carretera que sube a la sierra. La compañía encargada de la construcción levantó el asfalto y se marchó. La polvareda que levantan los vehículos en una vía ahora muy transitada se hizo insoportable. El Gobierno no actuó hasta que la ira estalló. Después se sumaron los ronderos en diversos puntos del departamento exigiendo que se cumpla la promesa olvidada de asfaltar las carreteras. Cosa similar ha sucedido en la vía Huaura-Oyón-Ambo. El Gobierno no ha cumplido con asfaltar la carretera. En Ate las autoridades juegan al gran bonetón y nadie construye puentes peatonales. Ahora ponen semáforos, pronto construirán rompemuelles que hará más lenta y congestionada esa vía y no resolverá el problema. Todo esto alude a la desidia del Estado y a la poca atención que presta a las demandas ciudadanas. Esta vez no es un problema de recursos, porque el gobierno de Alan García ha tenido más dinero que la mayoría de gobiernos que lo precedieron. Es un problema de gestión, de prioridades y de sensibilidad ante las necesidades de la población. ATAQUES A COMISARÍAS. Otros hechos recientes son los ataques a las comisarías de Huamachuco y San Ignacio por turbas violentas. En ambos casos se trata de la profunda desconfianza de la población en la Policía y la indignación ante lo que consideran una corrupción endémica. Esa es una evidencia adicional de que el problema principal de la Policía no es de más patrulleros y efectivos, como neciamente sostenía Alva Castro, sino de una reforma de la institución que la haga más honesta, confiable y eficaz. En Oyón ocurrió una suerte de 'Moqueguazo’, aunque sin cámaras que filmaran la capitulación de un destacamento de 200 policías, al mando de un coronel, ante una multitud ululante que le exigía la entrega del alcalde aprista protegido por la Policía. El coronel se rindió y entregó al alcalde a la turba sin condiciones. El burgomaestre salvó su vida porque firmó de inmediato su renuncia al cargo. Con estas experiencias a cuestas, la moral policial no está precisamente en su punto más alto. Se requiere de una estrategia para recuperar el prestigio, la operatividad y la eficacia de la Policía; y para restaurar el principio de autoridad y mantener el orden público. No se trata naturalmente, de un mero asunto represivo, sino de una combinación de atención a las demandas de la población con el uso de la energía necesaria para impedir desbordes violentos como los señalados. Tiene que ser una política del gobierno en su conjunto y, en particular, del Ministerio del Interior.