Luego de cinco meses de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, la señora Nadine de Humala no ha podido justificar su desbalance patrimonial y el caso ha sido remitido a un fiscal para que decida si le inicia un proceso penal por lavado de activos. Recordemos que cuando se destapó inicialmente el caso de los abultados ingresos de la esposa del líder del Partido Nacionalista, comentamos que estos eran, desde todo punto de vista, desproporcionados, ya que no había mayor servicio profesional que se hubiera brindado. El informe del cuerpo técnico ha confirmado nuestra impresión y el tema ha sido correctamente judicializado. Incluso el camino que viene siguiendo esta denuncia nos parece el adecuado, ya que hubiera sido un grave error politizarlo creando una comisión en el Congreso, como en su momento se había planteado. Cabe resaltar que la unidad que ha estado a cargo de la investigación es un ente técnico que, estamos seguros, ha evaluado con rigurosidad el expediente. Esperemos que la objetividad no se pierda ahora que pasa al ámbito judicial. Por otro lado, este caso es realmente emblemático no solo porque su esposo es un potencial candidato a la Presidencia de la República y líder de la oposición, sino además porque pone presión al Congreso para hacerle caso a la cruzada ciudadana que intenta lograr que los candidatos desnuden totalmente sus vidas y sus intereses como requisito para presentarse ante el electorado. Es evidente que un aspirante a cualquier cargo político tiene todo el derecho del mundo a ser acomodado, pero lo que no puede pretender de ninguna manera es ser elegido teniendo fuentes de ingresos que no haya, previa y totalmente, transparentado. El país no puede darse el lujo de tener presidentes, alcaldes o congresistas que estén hipotecados. Como tampoco puede tener funcionarios elegidos acostumbrados a tener fuentes de recursos oscuros o no declarados. Esperamos que el Ministerio Publico actúe con celeridad y determine, a la mayor brevedad, si considera que se ha cometido un delito, presentando –de ser ese el caso– la denuncia penal. De cualquier manera, lo que es fundamental en este proceso es que se lleve a cabo de la forma más transparente que sea posible para evitar cualquier sospecha de injerencia, dada la importancia política de los involucrados.