Luego de más de un año de trabajo de la comisión especial multipartidaria encargada del ordenamiento legislativo, el Pleno del Congreso aprobó, por amplia mayoría, retirar del ordenamiento jurídico un total de 2,809 normas que, en su integridad, fueron explícitamente derogadas, declaradas nulas, canceladas, caducas o insubsistentes, sin efecto o valor legal, o declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC). El presidente del referido grupo de trabajo, Santiago Fujimori, resaltó que, a lo largo de la vida republicana del país, nunca antes se había llevado a cabo un proceso que facilitara la identificación de las disposiciones vigentes y no vigentes, lo que permitía –dijo– “una profusión que da pie al abuso y a la arbitrariedad y que dificulta la seguridad jurídica que el país requiere”.