La rebelión de los nativos se saldó con una derrota total para el Gobierno, después de la derogatoria de los cuestionados decretos 1015 y 1073. Por un lado, quedó en evidencia su comportamiento autoritario, tratando de imponer una supuesta modernidad sin consultar ni escuchar a los nativos. Y, por otro lado, su ineptitud para mantener el orden y para aplicar sus políticas. Nuevamente, un sector social se impone bloqueando carreteras, tomando instalaciones y secuestrando policías. *EXCLUIDOS Y OFENDIDOS.* Como han señalado varios observadores, la derogatoria de los decretos es solo la manera en que los nativos de la selva expresan su rechazo a una situación de olvido, miseria y maltrato. Su hábitat está siendo invadido y depredado, y ellos se sienten arrinconados. Los colonos que vienen de otras regiones e invaden sus tierras son uno de sus problemas. Pero también los taladores de madera –con frecuencia ilegales–, y las empresas mineras y petroleras, que no siempre han tenido buenas prácticas. Es verdad que hoy día las compañías mineras y de hidrocarburos tienen estándares más altos, pero es difícil convencer a los indígenas, engañados una y otra vez, de que ahora las cosas serán diferentes. Se requiere una labor de persuasión y, sobre todo, una auténtica preocupación del Estado que se exprese en acciones concretas. No ha existido ni lo uno ni lo otro. *SIN SALUD.* Por ejemplo, un reciente y documentado informe de la Defensoría del Pueblo revela el desastroso estado de la salud pública en la selva y la negligencia del Estado. (“La Salud de las Comunidades Nativas: Un reto para el Estado” Informe Defensorial Nº 134, mayo 2008). La situación de la educación es igual o peor. ¿Por qué los nativos deberían creer que las normas de un Estado que no se preocupa por ellos van en su beneficio? Como explica el informe de la Defensoría, “las diferencias culturales han devenido en negación, exclusión y resistencia, a lo que se añaden relaciones de paternalismo del Estado frente a las culturas indígenas que contribuyen a reproducir la situación de exclusión en que se encuentran los pueblos indígenas.” ¿CULPA DE LOS AGITADORES? En este contexto, la prédica de los que se oponen a la actividad de las empresas privadas encuentra oídos receptivos. Ya sean sacerdotes, ONG o activistas indigenistas, su discurso es escuchado con atención y creído. No se trata, por supuesto, de reprimirlos, acallarlos o encarcelarlos, como piden algunos. Si el Gobierno quiere tener éxito en su política modernizadora debería, en primer lugar, preocuparse sinceramente por las condiciones de vida de los nativos, cumpliendo su función esencial de brindarles servicios básicos como salud y educación. Y, en segundo lugar, desechar el paternalismo y el autoritarismo y realizar una labor de persuasión y diálogo. Se requiere también una acción enérgica contra las malas prácticas empresariales. La tala ilegal de madera es un escándalo que ocurre a vista y paciencia de las instituciones del Estado, donde campea impunemente la corrupción. *REGALO A HUMALA.* El Gobierno le adelantó la Navidad a Ollanta Humala, atribuyéndole falsamente la responsabilidad del levantamiento indígena. Una torpeza tan o más grande que la que cometió cuando utilizó a Vladimiro Montesinos para tratar de desacreditar el paro nacional. Ya quisiera Humala ser la eminencia gris detrás del levantamiento indígena o tener participación en su conducción. No la tiene. El Gobierno no ha podido aportar la más mínima evidencia de la influencia de los humalistas. Por supuesto que los humalistas y todos los radicales se han subido al carro de la protesta, como hacen en cada ocasión que se les presenta. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es que ellos puedan provocarla o conducirla. El motivo por el cual el Gobierno responsabiliza a Humala, o a las ONG, a las Casas del Alba o a cualquier otro que se les ocurra, es para ocultar su propia incompetencia. El asunto es que le han hecho un enorme favor a Humala, que se venía desdibujando día a día. ¡Un gobierno con un 20% de aprobación le dice al 80% de descontentos que Humala es el verdadero conductor de los insatisfechos del Perú! *DESGOBIERNO.* Un comunicado de la Confiep responsabiliza al Congreso del caos social: la derogatoria de los decretos significa que “se abre la puerta a la anarquía en el Perú, pues se ha cedido ante los promotores del bloqueo de carreteras, puentes, vías fluviales, el secuestro de autoridades y el ataque de instalaciones públicas y privadas, así como del sabotaje del sistema energético de la nación, la gobernabilidad y el desarrollo del país.” En realidad, la responsabilidad del desorden es del Gobierno. Desde Combayo, Cajamarca, en agosto de 2006, hasta el reciente 'Moqueguazo’, está claro que el que bloquea carreteras y toma instalaciones se sale con la suya. La reculada ante el movimiento indígena seguirá alentando a nuevos sectores a realizar actos de violencia. La expulsión del presidente García de Chiclayo, el último viernes, por un grupo de huelguistas, lo pone en una situación no igual a la de Evo Morales –que no puede entrar a la mitad de Bolivia– pero sí parecida. En medio de recortes presupuestales, freno al crecimiento económico y aumento de la inflación, la recurrente torpeza con que el Gobierno enfrenta los movimientos sociales es cada vez más preocupante.