En su penúltima sesión de trabajo luego de dos años de gestión, la presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Elizabeth León, reveló que 63 de los 120 congresistas han sido, en algún momento, denunciados ante ese grupo de trabajo por faltas que van desde transgresiones al Código de Ética hasta la retención de remuneraciones y contrataciones de empleados 'fantasmas’. De acuerdo con un balance preliminar del trabajo realizado en el periodo comprendido entre el 5 de setiembre de 2006 y el 4 de agosto último, la comisión recibió un total de 105 denuncias que, en muchos casos, involucraron a un mismo parlamentario varias veces. De este total, unas 50 acusaciones fueron formuladas por ciudadanos, 23 por los medios de comunicación, 22 por los propios congresistas y 10 por otros sectores. Por su parte, Luis Galarreta (UN) aclaró que más del 80% de las denuncias recibidas fueron desestimadas por infundadas o porque no reunían los requisitos necesarios para su tramitación. El documento señala también que todas las bancadas, sin excepción, tienen en sus filas a parlamentarios denunciados. En el caso del desaparecido Grupo Especial Democrático, sus tres integrantes (Carlos Torres Caro, Rocío Gonzales y Gustavo Espinoza) fueron denunciados por presuntas transgresiones al Código de Ética, mientras que en Unión Por el Perú fueron cuestionados 12 de sus 19 miembros y, en el Partido Nacionalista, 13 de sus 23 integrantes. *BLINDAJE FUJIMORISTA.* Entre tanto, la Comisión de Ética tramitó ayer el pedido de Luis Galarreta para que se reconsidere la rebaja de sanción a la legisladora Margarita Sucari de 120 a 60 días de suspensión en sus funciones. Esta vez, sin embargo, no fue el Apra sino sus aliados del fujimorismo quienes, con uñas y dientes, bloquearon el reclamo. En una ardorosa defensa a Sucari, Martha Hildebrandt aseguró que “la congresista no se quedó con un solo centavo” del dinero que le quitó a su asistente Ivonne Araujo, y que, aunque “cometió varias torpezas incalificables y vergonzosas, no robó”. En su afán de lanzarle un salvavidas a la legisladora de Bloque Popular, llegó incluso a justificar que Sucari haya tramitado la contratación de Araujo desde un mes antes de que iniciara, en forma efectiva, sus labores con el fin de destinar esa remuneración a un trabajador que no figuraba en la planilla del Parlamento. “Fue pagado (ese trabajador) de manera irregular pero honesta”, arguyó Hildebrandt en una suerte de confirmación de que, pese a quien le pese, en el Congreso 'otorongo no come otorongo’, ni antes, ni ahora y, posiblemente, tampoco en un futuro inmediato.