Business Track (BTR) habría interceptado telefónicamente a congresistas de Cajamarca, según denunció ayer el parlamentario nacionalista Werner Cabrera ante la Comisión Luízar, que investiga el 'chuponeo’ telefónico. Cabrera entregó a dicho grupo documentación y facturas que daban cuenta de pagos a la referida empresa de seguridad realizados por el Gobierno Regional de Cajamarca. En los próximos días, la comisión efectuará acciones tendientes a confirmar la denuncia de Cabrera. Pero también realizará otras diligencias. Una de ellas sería el posible viaje que los integrantes de la misma realizarían a Estados Unidos para determinar si en el Congreso de la República hubo o no interceptación. Dicho grupo buscaría entrevistarse con el ex funcionario del Legislativo Fernando Hermoza, quien hasta el momento no ha proporcionado la información que se le ha requerido. Asimismo, la comisión invitaría para las próximas semanas a la congresista Mercedes Cabanillas, para que declare sobre el mismo asunto. Esto porque, cuando BTR prestó servicios al Parlamento, este era presidido por la aprista. CONFRONTACIÓN. Mientras eso sucedió en el Congreso, en el penal San Jorge el juez Jorge Barreto confrontó a Rómulo León Alegría con su ex jefe, el presidente del directorio de Discover Petroleum Internacional (DPI), Jostein Kjaerstad. Los puntos en controversia se basaron en el contrato firmado entre León Alegría y DPI y en la contratación de Ernesto Arias Schreiber como representante legal en Perú de la empresa noruega. Asimismo, se aclararon detalles respecto de la formación del consorcio DPI-Petroperú, para participar juntos en el proceso de concesión de los lotes petroleros, y sobre el aumento de regalías ofrecido a Perupetro. Según se precisó, mientras Kjaerstad aseguró que el nacimiento del consorcio fue propuesto y evaluado por su equipo legal, León Alegría señaló que fue él quien planteó unir a ambas compañías. Y respecto a Arias Schreiber, mientras León sostuvo que el abogado fue contratado por DPI porque ya anteriormente había realizado trabajos para la empresa, Kjaerstad manifestó que fue el ex ministro aprista quien se los presentó e impuso como asesor legal. En otro momento de la diligencia, si bien Kjaerstad reconoció que su empresa contrató como asesor al ex ministro de Pesquería del primer gobierno aprista, aclaró que el convenio fue tratado directamente con el mexicano Mario Díaz Lugo. En medio de la diligencia judicial, según trascendió, León Alegría –a través de la traductora– le recalcó a Kjaerstad que su contrato de asesoría seguía vigente, a lo que el noruego respondió que este fue rescindido al día siguiente de que estallara el escándalo de los 'petroaudios’.