Sin aparente justificación, 17 nativos que permanecían detenidos en la base de El Milagro, en Bagua, desde el 5 de junio –fecha en que se registraron los actos de violencia que cobraron la vida de 26 policías y nueve civiles– fueron trasladados ayer a la División de Seguridad del Estado en Chiclayo, según denunció la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). Juan José Quispe, abogado de la ONG de derechos humanos, afirmó que los nativos no cuentan con defensa legal y calificó de “arbitraria” la detención así como el traslado. “La Constitución señala que toda persona detenida tiene derecho a que se le comuniquen las razones de su detención. Ellos fueron detenidos ilegalmente y se está violando sus derechos”, subrayó Quispe.