¿Espíritu de cuerpo en el Ministerio de Defensa? La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, demandó ayer a ese portafolio que responda a los requerimientos de información sobre los militares y policías involucrados en investigaciones preliminares o en procesos judiciales por presuntas violaciones a los derechos humanos. Durante su presentación ante la Comisión de Defensa del Parlamento –que preside Édgar Núñez–, Merino advirtió que ha sido “y seguiré siendo enfática al exigir que el Ministerio de Defensa responda (...), brindando toda la documentación disponible, tanto en beneficio de las víctimas que merecen conocer la verdad de lo ocurrido con sus familiares, como de aquellos efectivos militares que, de manera justa, reclaman inocencia”. ASESORÍA. En otro momento, la defensora del Pueblo sostuvo que –de acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Defensa– hasta diciembre de 2007, de un total de 665 militares procesados, solo tres se acogieron al sistema de defensa legal gratuita, mientras que otros 650 reciben la defensa de la Oficina de Asesoría Legal del Ejército. Al respecto, la congresista Mercedes Cabanillas dijo que eso ocurriría porque el sistema “es una estafa” pues, recordó, hay denuncias de que, para acceder a él, los interesados deben dejar “prendas como garantía”.