No solo la Fiscalía y el Parlamento se han interesado por las denuncias sobre presuntas desapariciones forzadas cometidas en la zona del Vizcatán, Ayacucho, el 14 de setiembre. Ayer, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, informó que su institución también investigará el tema, para lo cual enviará a un equipo que verifique, en el lugar de los hechos, lo que ocurrió aquel día. En declaraciones a la prensa a su salida del Congreso, Merino indicó que la Defensoría solo está a la espera de que las FF.AA. accedan a prestar el resguardo adecuado a la delegación que viajaría a Canayre, la que sería encabezada por el defensor del Pueblo de Ayacucho, Jorge Fernández Mavila. Más tarde, en diálogo con Perú.21, el propio Fernández confirmó que les ha pedido a las autoridades militares de la región que les garanticen protección pues, como se sabe, el Vizcatán es una zona controlada por los remanentes del terrorismo y por el narcotráfico. El funcionario explicó que, en todo momento, su oficina ha prestado asesoría a Lucy Pichardo, la pobladora de Pichis Río Seco que, hace unos días, llegó a Huamanga para denunciar que militares habían atacado su comunidad y que, a causa de ello, habían de-saparecido 11 personas, entre ellos su conviviente y sus hermanos. LA TEORÍA DE CABANILLAS. Durante la presentación de Merino, en la Comisión de Defensa se produjo un animado debate sobre esta denuncia en el que destacó la opinión de Mercedes Cabanillas, quien especuló que los presuntos desaparecidos habrían huido al saber que llegarían los militares a su zona. “Van a ser sonsos de quedarse esperando”, comentó tras coincidir con el ministro de Defensa en que esta acusación busca “neutralizar” a las FF.AA.