Al ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, le mortificó muchísimo la denuncia de que miembros de las FF.AA. habrían atacado a una población civil y desaparecido a 11 de sus habitantes en la zona de Vizcatán, en Ayacucho. Ayer, no solo la rechazó enfáticamente, sino que aventuró que esta acusación podría ser una campaña de desprestigio contra los institutos castrenses. Primero en CPN Radio y, más tarde, en el Congreso, Flores-Aráoz trató de restarle veracidad a la denuncia señalando, entre otras cosas, que cinco de los individuos supuestamente desaparecidos –todos ellos parientes de la denunciante, Lucy Pichardo Fernández– no aparecían en el Reniec. Especuló que la denuncia buscaría evitar el ingreso de las fuerzas militares a la zona de Vizcatán, controlada por los remanentes de Sendero Luminoso. “En este tipo de cosas se hace cada novela que, si le pusiéramos un poquito de amor, seríamos imitadores de Corín Tellado”, comentó. “(Desaparecer civiles) sería suicida”, añadió. “TÁCTICA DE SENDERO”. Las palabras del ministro fueron ratificadas por el Comando Conjunto de las FF.AA. que, a través de un comunicado, negó haber cometido desapariciones forzadas y haber atacado centros poblados. “Todos los enfrentamientos fueron con narcoterroristas”, aseguró. En diálogo con Perú.21, el comandante Juan Carlos Llosa, vocero del C.C. de las FF.AA., afirmó que denunciar desapariciones forzadas en zonas de lucha contrasubversiva “es una vieja táctica de Sendero”. Sin embargo, se negó a decir si creía que la denunciante actuaba con esos intereses. INVESTIGACIÓN. Insatisfechos con el desmentido oficial, ayer por la tarde los miembros de la Comisión de Pueblos Andinos del Parlamento acordaron iniciar una investigación sobre el tema, para lo cual citarán a Flores-Aráoz. El acuerdo fue adoptado a pedido de la congresista Juana Huancahuari (PNP). Mientras tanto, desde Ayacucho, Paola Capcha Cabrera, abogada de Lucy Pichardo, insistió en la veracidad del testimonio de su patrocinada y reiteró que, el 14 de setiembre, efectivos militares ingresaron violentamente al poblado de Pichis Río Seco, disparando y lanzando gases lacrimógenos, y que, luego de esta incursión, no se volvió a ver más a 11 pobladores. Capcha conjeturó que era posible que los desaparecidos hayan sido llevados por la fuerza a una de las bases militares de la zona para ser interrogados sobre la ubicación de los senderistas, como habría ocurrido con otros habitantes de la zona de Vizcatán.