Además:

Decreto boliviano genera preocupación en el Perú

2008/09/13

Bolivia presume que sicarios peruanos participaron en actos de violencia en región Pando. Cancillería pedirá a gobierno de Morales la información que sustente tal presunción.

Compartir

Un decreto supremo emitido ayer por el Gobierno boliviano, que dispone el estado de excepción en la región fronteriza de Pando, ocasionó que el Perú expresara su preocupación por un extremo de dicho documento. Mediante un comunicado de prensa, la Cancillería peruana precisó que en el Decreto Supremo 29705, dado por la administración de Evo Morales, “se presume la participación de sicarios peruanos que habrían ingresado con armas de fuego al citado departamento boliviano”. En el mismo documento también se indica que la preocupación peruana ya fue expresada, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa de Bolivia y a la embajada de este país en Lima. La amazónica región de Pando, que colinda con Perú y con Brasil, se ha convertido –en los últimos días– en el foco más violento del conflicto que azota al país vecino, según indica un cable de EFE. Un enfrentamiento armado entre opositores y seguidores del presidente Morales, ocurrido el jueves último, dejó al menos una docena de muertos, cifra que podría incrementarse cuando se termine de recuperar los cadáveres en dicha zona. RESPUESTA A VIOLENCIA. Según las informaciones que manejan medios de comunicación de la nación altiplánica, los muertos habrían sido victimados por sicarios contratados por la prefectura (gobierno) de Pando, a cargo de Leopoldo Fernández. En el Decreto Supremo 29705, aprobado por el gabinete ministerial la tarde de ayer, el Gobierno instruye a que se detecte a aquellas personas extranjeras –al parecer, sicarios brasileños y peruanos que ingresaron al país con armas de fuego– para que sean detenidas inmediatamente y entregadas al fiscal en un plazo de 48 horas. El estado de sitio prohíbe portar cualquier tipo de armas y limita el tránsito de grupos de más de tres personas entre la medianoche y las 6 de la mañana. Cualquier reunión social o de otra índole deberá tener la autorización de la Policía boliviana, la cual también tiene facultad para detener a las autoridades y a todos los involucrados con los actos violentos y los que atenten contra el orden público. PIDEN SUSTENTO. El comunicado de prensa de la Cancillería peruana también señala que “se está solicitando a las autoridades bolivianas la información que sustente tal presunción”, es decir, la que les permitiría afirmar que los sicarios que participaron en los actos criminales llegaron del Perú.