Hace algunos días, la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de Salud convocó a una conferencia de prensa con muy poco éxito, pues la ausencia de periodistas fue notable y el rebote de la misma apenas se notó. La intención era mostrar que su negativa a aprobar el Protocolo Nacional de Aborto Terapéutico estaba respaldada por la ciudadanía. Pues 40,000 firmas no es poca cosa, pero sí lo es cuando se sabe que las mismas fueron recogidas en los colegios religiosos, como parte de la matrícula o en reuniones de padres de familia. No hay duda de que muchas personas fueron sorprendidas y de que los métodos no son extraños. Sin embargo, el tema no es cuántas firmas le lleguen a un ministro, sino el uso que este les dé para justificar su incumplimiento y el empleo de recursos del Estado en asuntos particulares. Pues el ministro abrió las puertas del Minsa a las mismas personas que, con rosario en mano, asisten a las diligencias del Poder Judicial para evitar que se distribuya la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) en los establecimientos de salud, pese a que en las farmacias esta se puede encontrar hasta en 16 marcas registradas. También son preocupantes sus declaraciones. El ministro hizo dos aseveraciones muy complicadas de sostener para sus propios asesores, y que no pueden ser soslayadas por el hecho de ser ingeniero. Desde su punto de vista, no es necesario reglamentar el aborto terapéutico porque ?solo produce el 10% de todas las muertes maternas? y que, por lo tanto, ?no es necesario contar con un protocolo?. Desde el punto de vista sanitario, esta afirmación es terrible pues lo que señala el porcentaje es solo un promedio, que varía de acuerdo a la accesibilidad de servicios con capacidad resolutiva, pues cuando se analizan las muertes maternas en zonas urbanas se ve que el aborto terapéutico hubiese prevenido hasta el 40% de las muertes, tal como lo señalan las estadísticas de Arequipa. No es menos terrible si se analiza desde la perspectiva de los derechos humanos, pues ninguna de estas muertes debió producirse. Entonces, ¿el ministro de Salud puede soslayar el protocolo? Sin embargo, esto no es lo único llamativo, también lo es la presencia de 4 congresistas, uno de ellos bastante conocido por su defensa al consumidor. Pareciera que se olvidó que las mujeres también somos consumidoras de servicios y tenemos el derecho de recibir atención sobre todo, cuando la ley así lo permite. Le dejo en todo caso, el beneficio de la duda y de la desinformación. Finalmente, nada nos hace pensar que la negativa del ministro sea parte de su agenda personal, pues no nos lo podemos imaginar como un activista religioso antiderechos, como sí lo fueron algunos de sus antecesores. Pareciera más bien que se trata de avisos de cambio y de la necesidad de ciertos apoyos a una gestión que no tenga entredichos con la Iglesia Católica. Finalmente, así es mucho mas fácil acomodarse a cualquier cartera.