LA PAZ (AFP).– El fracaso del diálogo entre el presidente Evo Morales y cuatro prefectos rebeldes traslada al Congreso la crisis política boliviana, en medio de un clima de intimidación de movimientos sociales que quieren que la Constitución oficialista sea aprobada a toda costa. El presidente y los cuatro prefectos rebeldes de Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Beni cerraron el domingo cuatro semanas de conversaciones, en un vano intento por zanjar una crisis política que tuvo su punto más álgido en setiembre, cuando disturbios en cinco de los nueve departamentos bolivianos dejaron 19 muertos. Roto el diálogo con las autoridades regionales, el Ejecutivo dirige ahora su estrategia hacia el Parlamento, en busca de que esa institución apruebe un referendo para ratificar una nueva Constitución aprobada sin consenso ni debate en diciembre pasado, por lo que la oposición la considera ilegítima. Los prefectos dejaron en claro que el proyecto de Constitución demanda consensos, pero el Gobierno insiste en que no hay discusión, en particular sobre el punto de la reelección presidencial, que le permitiría a Morales permanecer en el poder hasta 2019. El titular del Senado, el opositor ”scar Ortiz, adelantó que su partido, el conservador Poder Democrático y Social (Podemos), votará en contra de la convocatoria a un referendo constitucional si el mandatario no acepta dar más tiempo para buscar consensos. Para despejar las trabas políticas que los opositores anuncian que ejercerán, los movimientos sociales afines al presidente Morales amenazan con movilizarse contra el Parlamento. El próximo lunes se iniciará una marcha desde Caracollo, una comarca andina a 200 kilómetros al sur de La Paz, para concluir una semana después en la Plaza de Armas, cercando la sede del Legislativo.