La crisis que arrasa con las bolsas pone en graves dificultades la idea de que el mercado tiene la capacidad de autorregularse y de regular los distintos ámbitos de la economía, de la organización social e, incluso, del propio Estado. Los bancos de inversión prácticamente han desaparecido. El Lehman Brothers ha quebrado y el Merril Lynch fue vendido al Bank of America. El Goldman Sachs y Morgan Stanley debieron acogerse a la supervisión regulatoria de la Reserva Federal. La aseguradora American Internacional Group fue prácticamente estatizada por un socorro masivo de la Reserva Federal de Estados Unidos (85 mil millones de dólares). Las propias calificadoras de riesgo –esas que califican también al Perú– han actuado con una irresponsabilidad impresionante, si se toma como criterio la dimensión de la crisis. El debate entre el Ejecutivo norteamericano y el Congreso dominado por los demócratas tiene los visos de una discusión no solo sobre cómo evitar una catástrofe peor, sino sobre cómo sentar bases para una nueva relación entre el Estado y la economía en Estados Unidos. Los republicanos están apremiados por las presidenciales –faltan seis semanas–, y los demócratas son conscientes de que si dejan las cosas como están, habrá aún más “muertos y heridos”. La Casa Blanca pide no solo 700 mil millones de dólares, sino poder absoluto para el secretario del Tesoro, Henry Paulson. Los demócratas, encabezados por el presidente de la Comisión de Bancos del Senado, Christopher Dodd, ponen exigencias sobre todo de carácter regulatorio: oficina federal de supervisión y estabilidad, integrada por representantes del Congreso y de las agencias de regulación financiera; y que, por ejemplo, el Estado no adquiera activos problemáticos de las empresas, a menos que reciba un paquete de acciones por un valor equivalente. Es muy probable que se esté viviendo el fin de una modalidad del capitalismo, la que se ha dado en llamar neoliberal: el mercado, controlado por grandes corporaciones, ordena unilateralmente las prioridades de inversión y los destinos de las personas. La crisis está cuestionando la tesis de que cualquier pretensión de recortar la supremacía del mercado es sospechosa. El Estado tendrá que recobrar su fuerza para regular los poderes vinculados a la economía y directamente la propia economía. Los ciudadanos deberán demandar su derecho a fiscalizar sus recursos, después de constatar cómo han mermado, por ejemplo, sus fondos de pensión, y después de que miles de millones de dólares producto de sus tributos deban dirigirse al salvataje de quienes han actuado con una vocación usurera extrema.