A S/.620 millones al año ascenderá el costo para el Estado de la nueva Ley para la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) y del decreto que otorga beneficios laborales a los trabajadores en Servicios No Personales del sector público, adelantó el premier Jorge del Castillo. Indicó que será necesario solicitar al Congreso un crédito suplementario este año. Como se sabe, la nueva Ley MYPE tendrá un subsidio para que los microempresarios puedan acceder a salud y a pensiones. En tanto, la norma a favor de los trabajadores estatales que no están en planilla permitirá que cuenten con vacaciones y con acceso a la seguridad social. Ambos dispositivos fueron promulgados en el marco de la implementación del TLC. "Ahora el microempresario pagará solo S/.1 diario y podrá tener un fondo para su salud y para su pensión futura. Es una verdadera revolución laboral", indicó Del Castillo. Por su parte, el ministro de Trabajo, Mario Pasco, resaltó que las asociaciones de vecinos o las juntas de propietarios pueden acogerse al régimen laboral de la microempresa, con el fin de afiliar a los vigilantes particulares que les prestan servicios. "Solo pagarán una cantidad reducida y el resto lo pondrá el Estado. Esta ley podría llamarse también 'ley del guachimán', pues hay muchos trabajadores que no están dentro del ámbito empresarial. Por ello, vamos a hacer una campaña informativa edificio por edificio", aseveró Pasco. En otro momento, Del Castillo sostuvo que gran parte de las demandas laborales ya están resueltas con los decretos promulgados por el Ejecutivo, por lo que la decisión de aprobar la ley general de trabajo está en manos del Congreso. Ese proyecto se encuentra en la agenda de la Comisión Permanente, al igual que la ley general del empleo público. DENUNCIAN ILEGALIDAD. En tanto, los congresistas José Saldaña y Yohny Lescano denunciaron que el decreto que crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil -que permitirá dar aumentos a los gerentes públicos- "es inconstitucional y atenta contra la estabilidad de los trabajadores". Señalaron que ahora un cuerpo de gerentes podrá despedir a los trabajadores públicos.