Con la decisión del gobierno de volver a distribuir en forma gratuita la llamada Píldora del día siguiente luego de recibir el informe de la Organización Mundial de la Salud, confirmando que no es abortiva, se ha corregido una intromisión judicial en la política de salud reproductiva. La resolución que emitió el Tribunal Constitucional prohibiendo la distribución estatal creó en la práctica una inconstitucional discriminación en contra de las mujeres que no tienen los medios económicos para adquirir en cualquier botica esa píldora anticonceptiva. Pese a que el único fundamento del tribunal eran las dudas que existían sobre si era abortiva, ahora aclaradas por la OMS, su vicepresidente insiste en la resolución acusando al gobierno de desacatar el fallo en lo que ha tildado como un 'golpe de estado’. Con ello, está desnudando, en primer lugar, el carácter dogmático del fallo original, que trataron en su momento de disfrazar con argumentos de corte científico. Asimismo, están dando otra muestra de ser un tribunal al que le gusta ser protagonista y que es totalmente impredecible, lo cual es fatal para el estado de derecho. Por otro lado, la resolución significó que durante casi medio año no se distribuyera gratuitamente esa píldora con todas las complicaciones para muchas mujeres que esa decisión puede haber ocasionado. Claramente fue una resolución apresurada que no fue bien meditada, la cual pudo fácilmente evitarse pidiendo antes, y no después de tomarla, la opinión de los organismos técnicos internacionales. Es, sin duda, alarmante la tendencia del Tribunal Constitucional que viene emitiendo continuos fallos incoherentes e inconsistentes. Estando en la actualidad el tribunal en un cuestionado proceso de selección en el Congreso y siendo fundamental para la buena marcha del país el poder recobrar la confianza en él, sería ideal atraer juristas de peso a las dos plazas que estarán vacantes. De esa manera se podría equilibrar en algo la actual composición del tribunal. Por tanto, creemos que haría bien el Parlamento en declarar desierto el actual proceso y establecer un mecanismo de invitación directa, en el cual a los juristas que se convoque para integrar el tribunal se les deba garantizar el apoyo de las principales bancadas para que no sean tratados como piñata por los parlamentarios y terminen baloteados.