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La propuesta del presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, de plantear la reserva parcial en temas de terrorismo de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generó una nueva controversia respecto a la viabilidad o no de la misma.

Quizá para no dejar sin piso al premier, el ministro de Justicia, Víctor García Toma, informó que la iniciativa sería evaluada aunque aclaró que fue hecha “a título personal, no es una propuesta del Gobierno. No hay un plazo ni una fecha (para su evaluación)”. Por su parte, el titular del Interior, Octavio Salazar, fue más allá y aseguró que “en las próximas horas nos reuniremos con el premier para tomar una decisión”. Al cierre de esta edición, dicha reunión aún no se realizaba.

POSTURAS. Consultado por Perú.21, el presidente de la Corte de San José, Diego García Sayán, explicó que si bien la Convención Americana establece la posibilidad de que los estados planteen ciertas reservas, aclaró que estas deben ser coherentes y compatibles con el origen del tratado. “Las reservas de los estados no tienen que ver con la naturaleza de los hechos. Esta es una propuesta inviable”.

La misma postura la sostuvo el ex titular de Justicia, el aprista Aurelio Pastor, quien añadió que “cualquier reserva se establece al momento de la firma o ratificación del tratado, no 30 años después”. A renglón seguido criticó que el Gobierno no le haya dado el impulso necesario al equipo de abogados que se dedican a la defensa del Estado en los organismos supranacionales. “Solo nueve abogados defienden los intereses del país. Es el Gobierno el que no le está poniendo la atención debida al tema”, recalcó.

SE QUEDÓ. En el tema de las indemnizaciones dispuestas por la Corte Interamericana para los terroristas, el Gobierno ha dejado de lado un punto: En agosto de 2008, en el fallo por el caso Castro Castro, el tribunal le dio al Estado peruano carta libre para que cobre las reparaciones económicas que adeudan los sentenciados por terrorismo con las indemnizaciones planteadas para ellos ante la Corte. Para ello se debía adecuar la legislación peruana, algo que, a la fecha, no se ha hecho.

“Si existiera una preocupación auténtica, el Gobierno habría adecuado la legislación, incluso a través de un decreto supremo, pero esto no se ha hecho”, explicó García Sayán.