Considerando los altos niveles de desaprobación del actual Congreso, parece una falta de criterio, por decir lo menos, que persistan ideando mecanismos para incrementar sus ingresos. La modalidad de reintegros de pasajes al interior del país, así como el otorgamiento de vales de gasolina que denunciáramos ayer, han sido confirmados por diversos parlamentarios que han hecho uso del beneficio. Por lo tanto, el engorroso tema de los gastos operativos y la falta de rendición de cuentas –que llevó al vergonzoso incidente de los miles de pollos 'consumidos’ por el congresista Anaya– continúa flotando en el ambiente de un Congreso claramente a la deriva. Incluso, si el esquema de vales y pasajes formó parte de un acuerdo de la Mesa Directiva, sería un hecho sumamente grave. Pero, si no fuera así, y ha sido implementado por decisión administrativa, de igual manera desnuda la abierta prioridad que le dan a la remuneración de los congresistas en la labor del Parlamento. Es una lástima que la persistencia que vienen demostrando para recuperar los ingresos perdidos, tras el escándalo de los pollos, no sea utilizada para desarrollar una agenda de reformas constitucionales que permita mejorar la calidad del próximo Congreso. Tanto el voto facultativo como la renovación por tercios están encarpetados, y es evidente que este Parlamento no tiene deseo de introducirlos, ya que llevaría a muchos de ellos al de-sempleo. Por el contrario, lo que presentan como reformas –eliminar el voto preferencial, aumentar el número de congresistas, candidatear sin renunciar– tiene como común denominador el incrementar las posibilidades de reelección para los actuales representantes. Por otro lado, se podría marcar una tendencia alarmante con la propuesta de la bancada aprista de limitar la propiedad de la tierra, lo cual no solo es un retroceso a un pasado que significó un costoso fracaso, sino que es, además, totalmente contraproducente para atraer inversionistas y, por ello, choca abiertamente con la política del gobierno. No entendemos qué puede haber motivado a los legisladores oficialistas a cometer tamaño error, salvo que sea cierto que la ley tendría nombre propio, pues solo sería de aplicación para un grupo económico. De ser así, sería reflejo de algún lobby mercantilista y confirmaría la impresión de un Congreso que está al acecho, aunque no de lo correcto.