Frente al riesgo de que las sentencias emitidas por el Consejo Supremo de Justicia Militar sean declaradas nulas por el Tribunal Constitucional (TC) hasta que el Congreso no cumpla con modificar algunos aspectos de la Ley 29182, de Organización y Funciones del Fuero Militar y Policial, la Comisión de Defensa del Parlamento evaluará esta situación mañana con el ministro del sector, Ántero Flores-Aráoz, aprovechando que este visitará dicho grupo de trabajo para abordar el tema de la homologación de sueldos de las Fuerzas Armadas. Así lo adelantó a Perú.21 el congresista Édgar Núñez Román (Apra), titular de dicho grupo de trabajo, quien lamentó la actitud del TC, “que nos pone en una dificultad muy seria”. “Primero queremos escuchar la opinión del ministro y viabilizar alguna solución, porque tiene que haber una salida en conjunto. También será oportuna la presencia del TC para que nos dé los alcances de qué los ha motivado a tomar esa decisión”, indicó Núñez. Por su parte, el titular de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren (UN), señaló que la iniciativa sobre una eventual revisión y/o modificación de la Ley de Justicia Militar debe salir de la Comisión de Defensa. En caso de no ocurrir, el grupo que preside estaría impulsando un proyecto de ley al respecto. El principal cuestionamiento a la norma es el hecho de que los jueces y fiscales no deben ser militares en actividad y que deben ser elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura y por el Ministerio Público. NO TIENE ALTERNATIVA. Para el director del Instituto de Defensa Legal (IDL), David Lovatón, el Tribunal Constitucional está en toda sus prerrogativa de declarar nulas las sentencias del fuero castrense, pues desde 2004 ha emitido seis fallos que declararon inconstitucionales diversos aspectos de la justicia militar. “Estas sentencias no han sido cumplidas por el Parlamento y, contrariamente, emitió la Ley 29182, que no respeta esta jurisprudencia del TC”, refirió. Agregó que “lo que ha hecho el TC es ratificar su jurisprudencia desde el año 2004, y lo que debería hacer el Congreso es reconocer el error y modificar la legislación en base a lo que establece el TC”. A su turno, el adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Fernando Castañeda, aseveró que el Legislativo no tiene más alternativa que realizar dichas modificaciones. “La discusión constitucional sobre qué es lo que se debe modificar ya está definida por el TC, y el Congreso debe modificar esta ley en los términos que el Tribunal establece”, sostuvo.