El escándalo protagonizado por la congresista Margarita Sucari Cari (UPP), quien se habría apropiado de parte del sueldo de una auxiliar, ha despertado preocupación entre oficialistas y opositores, quienes coinciden en que es difícil evitar este tipo de irregularidades en el trato del personal parlamentario. Más allá de la responsabilidad que debe asumir Sucari –como lo tuvieron que hacer, en su momento, Elsa Canchaya y Tula Benites–, la inquietud de los legisladores se sustenta en que ninguna de las medidas disciplinarias adoptadas tiene efectos disuasivos en los congresistas que quieren incurrir en estas faltas. El parlamentario César Zumaeta (Apra) comentó que ninguna medida podría evitar que el Congreso vuelva a ser escenario de escándalos. Añadió que le corresponde a cada legislador, independientemente, adoptar un comportamiento legal acorde con la responsabilidad encargada. Por su parte, el vocero de Unidad Nacional, Luis Galarreta, manifestó que “lamentablemente no hay medida administrativa que pueda impedir que gente acostumbrada a delinquir pueda incurrir en este tipo de irregularidades”. A su turno, Víctor Mayorga (PNP) señaló que puede haber algún tipo de dificultad para evitar estos lamentables hechos, pero sostuvo que lo importante es que el Parlamento adopte las medidas correctivas inmediatas. DENUNCIADA. Ayer por la mañana, el procurador del Congreso, Julio Ubillús Soriano, presentó la acusación constitucional contra Margarita Sucari por los delitos de concusión y falsedad genérica, tipificados en los artículos 382° y 438° del Código Penal.