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El número de conflictos sociales en el país sigue creciendo mes a mes, situación que debe llamar la atención de las autoridades. El último reporte de la Defensoría del Pueblo, al 31 de julio, registra 147 controversias en 23 regiones. De ese total, 16 conflictos son nuevos, en su mayoría relacionados con reclamos socioambientales y municipales. La tendencia ascendente se mantiene prácticamente desde inicios del gobierno aprista.

Entre estos nuevos problemas, la Defensoría menciona, por ejemplo, el caso de las comunidades campesinas de Chilcaymarca y Umachulco, en Arequipa, que reclaman que se reformule el convenio de servidumbre con la empresa Buenaventura.

El informe también alerta sobre el rechazo de los pobladores y autoridades de Acomayo, en Cusco, al incremento de las concesiones mineras y su eventual impacto ambiental.

ESCASO AVANCE. Otro hecho que debe ser considerado por los funcionarios del Gobierno que tienen la responsabilidad de evitar que los conflictos se tornen violentos es que durante el mes pasado solo se resolvió una de las más de 130 situaciones de malestar social. Ello ocurrió en el distrito Teniente Manuel Clavero, en la provincia de Maynas, en Loreto, donde los pobladores exigían una eficiente rendición de cuentas a sus autoridades ediles.

El reporte de la Defensoría también registra 74 acciones colectivas de protesta en el país y dos manifestaciones de violencia subversiva, entre varios otros datos de relevancia.