La afirmación de que la delincuencia muchas veces va de la mano con la informalidad ha encontrado uno de sus mejores ejemplos en el 'taxista del desarmador’, el delincuente que asaltó a decenas de mujeres que tuvieron la mala suerte de subirse a su taxi, vehículo que no contaba con la autorización para brindar ese servicio. En efecto, el propio subgerente de Regulación de Transporte de la Municipalidad de Lima, Juan Herrera, reveló que el vehículo del sujeto, el Nissan station wagon TGU-004, operaba como taxi de manera informal. Es decir, si la comuna limeña hubiese cumplido con eficacia su función de fiscalizar este medio de transporte, quizá el 'taxista del desarmador’ no habría tenido la oportunidad de agredir a más de 50 mujeres. Pero ¿tiene la municipalidad metropolitana la capacidad para poner orden en este servicio? Aunque Herrera afirma que sí, algunas de las cifras que nos alcanzó ayer parecen refutarlo con contundencia. El funcionario afirmó que la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) cuenta con unos 300 inspectores de transporte, los que deben fiscalizar a los aproximadamente 210 mil taxis, 31 mil unidades de transporte público y las 7 mil movilidades escolares que circulan en la ciudad. Es decir, 300 personas para 248 mil vehículos. ES INSUFICIENTE. Juan Carlos Dextre, especialista en transporte de la Universidad Católica, dijo que es imposible que un parque vehicular tan grande se pueda controlar con tan poco personal. Similar postura expresó la Federación Nacional de Taxis y Colectivos (Fentac). Su presidente, Joaquín Rosas, aseguró que el Concejo de Lima no ejerce una efectiva fiscalización del servicio” “Si les falta personal, porque 300 inspectores son insuficientes, entonces que pidan apoyo a la Policía, pero deben cumplir su labor”, puntualizó.