La comisión que evalúa la candidatura de Edmundo Beteta Obreros al cargo de contralor general acordó ayer, por amplia mayoría, desestimar su nominación, propuesta por el presidente de la República, al argumentar que el economista tiene solo cuatro años de experiencia profesional de los diez que –señalan– exige, como mínimo, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General. Con excepción del aprista José Carrasco Távara –quien al final presentó un informe alternativo–, los otros siete integrantes del grupo objetaron la designación de Beteta, incluyendo su presidente Edgard Reymundo quien, en la víspera, declaró a Perú.21 que se abstendría de participar en la votación. CUESTIONAMIENTOS. Para justificar su postura, los parlamentarios no solo insistieron en la supuesta ilegalidad de la revalidación de la maestría del economista por el título profesional. También hubo quienes, como Karina Beteta, insistieron en sus acusaciones sobre una supuesta evasión tributaria, o, como Juan Perry, en sus presuntos vínculos con Agustín Mantilla, los cuales fueron oportunamente desvirtuados por el propio Beteta. Hildebrando Tapia, por su parte, llegó a acusar al Ejecutivo de proponer deliberadamente candidatos que no reúnen los requisitos con el fin de desprestigiar al Parlamento. Más tarde, el premier Yehude Simon lamentó que hayan prevalecido los “apasionamientos políticos y los antis” antes que la realidad. “Se está dejando al país sin un contralor de muy alta calidad”, manifestó.