¿Se salieron con la suya? La Comisión de Pueblos Andinos, Afroperuanos y Amazónicos del Congreso de la República aprobó anoche, por mayoría, derogar los decretos legislativos 1015 y 1073, referidos a la inversión privada en las tierras de las comunidades campesinas y nativas y que motivó el bloqueo de vías y del acceso a los centros de producción de hidrocarburos y de gas en Amazonas, Loreto y Cusco. Por seis votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, el citado grupo de trabajo derogó dichos dispositivos. Los dictámenes serán elevados al Pleno del Parlamento para su ratificación o rechazo. Los directivos de Aidesep, con Alberto Pizango a la cabeza, acudieron al citado grupo de trabajo para exponer los argumentos por los que demandaban derogar los decretos que –a su juicio– afectan a las comunidades nativas. Hasta allí también llegó, sorpresivamente, el premier Jorge del Castillo, quien, ante la misma comisión, anunció que entiende el desbloqueo temporal del puente Corral Quemado como una “tregua”, pero que, para el Gobierno, esta no es suficiente y que solo cuando levanten el paro se reanudará el diálogo. Al tomar conocimiento de la decisión de la comisión parlamentaria, Del Castillo fue sumamente duro en sus expresiones con el Legislativo. “Este es un mal precedente porque el Congreso deroga una ley porque tiene una pistola en el pecho. Sería inaceptable que derogue una norma con policías secuestrados”, afirmó visiblemente mortificado. Por la noche, Pizango se reunió con el titular del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, quien llegó con retraso a la cita pactada, por lo que el dirigente nativo protestó ante lo que consideró una burla. Al término de esta reunión, Velásquez Quesquén informó que hoy, a las 10:30, se reunirá nuevamente con Pizano, quien le comunicará si levantan o no la medida de fuerza. DESBLOQUEO. Por la mañana, las organizaciones indígenas de Bagua (Amazonas) accedieron a desbloquear por 24 horas el estratégico puente Corral Quemado, que permite el acceso, por vía terrestre, de la costa a las regiones de la selva norte del país. La medida se inició a las 4 de la tarde y culminará hoy a esa misma hora. Aunque se trata de una medida temporal, podría ser el primer signo de que, al cabo de 10 días, la protesta indígena comienza a ceder pues –según pudo conocer Perú.21– habría pesado en esta decisión la presión de los dirigentes de Santa María de Nieva, quienes se trasladaron la noche del lunes a Bagua para convencer a sus pares de esa provincia de que había que levantar la medida de fuerza. Otro factor clave fue el desabastecimiento de alimentos que empezaron a sufrir ayer Bagua y otras ciudades de la Amazonía, como Chachapoyas, Moyobamba y Tarapoto. Una vez que fue liberada la vía, aproximadamente 800 vehículos, en su mayoría de carga y de pasajeros, reanudaron su camino. Un tercer elemento que se debe tomar en cuenta fue el estado de emergencia decretado el lunes por el Gobierno, el cual –según el premier– continuará hasta nuevo aviso. SÍ HAY RETENIDOS. Sorprendió conocer que en el acta del acuerdo –firmada de puño y letra por el general PNP Víctor Castañeda Parrales, jefe de la Región Policial Amazonas– se señala que los dirigentes nativos gestionarán “la liberación de dos efectivos de la PNP que se encuentran retenidos en Imaza”. De esta manera, Castañeda reconoció que sí hay policías “retenidos” por los nativos, algo que había sido negado por el Ministerio del Interior. Los acuerdos de Bagua no alcanzaron para modificar la situación en otros puntos del conflicto, como la bocatoma de la hidroeléctrica de El Muyo o la comisaría de Aramango, también en Amazonas, que ayer, durante todo el día, continuaron ocupadas.El único incidente de violencia se registró en Masisea, en Ucayali, donde un grupo de nativos se enfrentó a la Policía, según reportó la Defensoría del Pueblo. CUSCO SE UNE. Pero, si en la selva norte el paro indígena parecía perder fuerza, en la selva sur la situación amenazaba con calentarse a partir de hoy, que se adhiere a la protesta la Federación de Campesinos de La Convención y Lares. Su secretario general, Santiago Aguilar, afirmó ayer que sus manifestaciones incluirán el bloqueo de carreteras. INVOCACIÓN AL TC. Ayer, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, leyó un pronunciamiento en el que invocó al Tribunal Constitucional (TC) a que resuelva con celeridad la acción de inconstitucionalidad que presentó su institución contra el D. Leg. 1015, una de las normas que los indígenas piden derogar. Merino explicó que el D. Leg. 1037, que el Gobierno promulgó en junio para “corregir” el 1015, “no resuelve los problemas de inconstitucionalidad” planteados por la Defensoría. Al mismo tiempo, recordó a los nativos que los bloqueos de carreteras y las tomas de instalaciones públicas son acciones ilegales e inadmisibles que afectan a otros ciudadanos.