Cuando Sendero Luminoso nos declaró la guerra, Ayacucho era uno de los rincones más conservadores y atrasados de la Iglesia peruana. Uno sabe que el mundo está lleno de opiniones encontradas y versiones diferentes, pero siempre resulta asombroso notar cómo ante nuestros ojos se cambia y reescribe la historia más reciente. Lo digo a propósito del artículo de Héctor López Martínez, "¿Debe hacer un mea culpa el cardenal Cipriani?". La duda del título podría hacer creer que nos encontramos ante un balance, un "examen de conciencia", si tal cosa es posible, de las que se escriben en papeles públicos. Nada de eso, el articulista no muestra la menor duda acerca de la trayectoria que revisa: "Monseñor Cipriani, a lo largo de ocho años, sin más armas que su profunda fe y su sentido del deber, no vaciló jamás en censurar, sin eufemismos, en público o en privado, a civiles, policías o militares, que hubieran tenido un comportamiento inapropiado"; más adelante agrega, "el cardenal Cipriani estuvo en todo momento a la altura de las circunstancias inherentes a su cargo de arzobispo de Ayacucho, más alto que ellas". Es decir, su actuación no fue deplorable, ni fue correcta, fue "ejemplar". ¿Cómo se llega a esa conclusión que refuta tan radicalmente las trabajosas certidumbres que tratamos de formarnos sobre lo que sucedió? Como se sabe, la Comisión de la Verdad dijo que Juan Luis Cipriani "no fue firme" en la defensa de los derechos humanos, y agregó que "puso obstáculos" a otras organizaciones de la misma Iglesia relacionadas con esos derechos. Esas opacas pero inequívocas palabras han sido reproducidas muchas veces por la prensa en el último año, pero en realidad, el informe consigna muchos otros hechos que precisan y detallan el cuadro. El papel de J.L. Cipriani en Ayacucho forma parte de una historia más grande y aleccionadora. El capítulo sobre la Iglesia en los años de la guerra puede leerse como un frío y riguroso recuento, pero también como una historia terrible y magnífica, llena de luces y sombras, que involucra a centenares o miles de personas, con actos de valor o de profunda espiritualidad, pero también con debilidades y vilezas inolvidables. No falta ningún elemento para completar una gran historia colectiva, hay víctimas, criminales, cómplices, y héroes silenciosos o públicos. En esa trama general, el arzobispo de Ayacucho brilla poderosamente con una luz oscura. LA PEQUEÑA VERDADERA HISTORIA. Cuando Sendero Luminoso nos declaró la guerra, Ayacucho era uno de los rincones más conservadores y atrasados de la Iglesia peruana. Eran 54 sacerdotes, casi todos diocesanos poco instruidos, muchos de ellos ya ancianos, y un centenar de religiosas, la mitad de las cuales estaban recluidas en conventos de vida contemplativa. La autoridad se llamaba Federico Richter Prada, un prelado conservador, parte de la élite provinciana, nacido en Huanta en una influyente familia. Richter se mostró pasivo cuando las masacres de uno y otro lado comenzaron. En su defensa podría decirse que ya era un hombre viejo, que pasaba la mayor parte de su tiempo en Lima, y que cuando los asesinatos lo fueron cercando, mostró una cierta reacción, o al menos, rompió el silencio de los primeros tiempos. A ese mundo atávico y en cataclismo llegó Juan Luis Cipriani en 1988, con un nombramiento romano de obispo auxiliar. No sabía quechua y según su propios recuerdos solo había estado en la ciudad dos veces en su vida, siempre por unos pocos días. Desde el principio su posición fue tajante y clara: los abusos contra la población, las torturas y los asesinatos selectivos o colectivos, no eran un asunto que correspondía atender a la Iglesia católica. Durante los años ochenta esa actitud no difería demasiado de la de otros prelados de la región, aunque sí era más activa, en particular en su confrontación con los jesuitas. Un obispo, aunque sea auxiliar, tiene un poder casi absoluto sobre su diócesis, y ese poder lo ejerció Cipriani con las órdenes religiosas, en particular, con los jesuitas a los que prohibió enseñar en la Universidad de Huamanga; su golpe más fuerte contra la Compañía llegó cuando logró reorganizar y finalmente cerrar una oficina, que dirigía Carlos Schmitd, un jesuita norteamericano que había organizado un grupo encargado de diversas tareas en las zonas más lejanas y golpeadas. Se trataba de una iniciativa de emergencia ante una situación extrema, con un presupuesto de alrededor de un millón de dólares al año, que incluía a médicos y enfermeras; pero también representaba casi la única oportunidad que tenían los campesinos más pobres de Ayacucho de hacer saber lo que les estaba sucediendo. Hacer conocer al resto del país y al mundo que ambos bandos los estaban matando y enterrando en fosas comunes. Cuando la oficina de Schmitd tuvo que cerrar (él moriría dos años después), un silencio denso y sin testigos, del mayor valor estratégico para el Ejército y Sendero, volvió a reinar en las alturas. Cipriani, sin embargo, no era otro simple prelado conservador. En los años noventa, el poder creciente del Opus Dei en Roma, y su vinculación con el régimen de Alberto Fujimori, se combinaron para acelerar su carrera en los estrados públicos, hasta convertirlo en un factor político que rivalizaba con el del verdadero cardenal. Su militancia fujimorista se radicalizó después del golpe, en múltiples intervenciones, siempre unilateral, siempre al frente de los que se reclamaban por los derechos humanos. Su posición y la del régimen coincidieron hasta el punto de actuar como vocero enfrentando a las misiones internacionales que venían a observar la situación. Cipriani había relativizado esos derechos por escrito en 1991, oponiéndolos a unos "deberes humanos". En 1992, desde una diócesis ensangrentada y regada de fosas clandestinas, inició una sostenida defensa de la pena de muerte. Al año siguiente, durante un sermón en el que defendió esa pena, definió los años del fujimorismo naciente como "una época de firmeza, claridad y hombría". Su famosa declaración sobre los derechos humanos - "esa cojudez" - fue hecha en 1994, pero tal vez su más explícita declaración la dio el año anterior, durante la misa por el día del Ejército, poco después que se hiciera pública la matanza de los estudiantes de La Cantuta: "El caso La Cantuta está siendo utilizado políticamente y bajo el pretexto de la defensa de los derechos humanos se está dando el último intento de atropellar la libertad del pueblo peruano. Esa libertad que ya la hemos consolidado todavía encuentra pequeñas voces de peruanos que no tienen cariño a su pueblo y siguen creando dudas acerca de la integridad moral del Ejército y de las autoridades que gobiernan el país. Y esas dudas son una traición a la patria". 1994 fue otro año de activa apología al régimen, por ejemplo, cuando aprobó la amnistía para los miembros del grupo Colina, criticando a los que se oponían por armar "un circo político". En el 95 bendijo el avión presidencial en el Cusco, y en 1996, cuando las denuncias contra el régimen y contra Vladimiro Montesinos arreciaban en la minoritaria prensa de oposición, pidió que Indecopi y el defensor del Pueblo intervengan para "velar por la veracidad de las publicaciones". Mientras esto sucedía en el mundo de las declaraciones públicas, en el de las realidades, en la lejana y atrasada Huamanga, el obispo nunca levantó la voz ante las atrocidades que habían ocurrido y que todavía ocurrían. En una entrevista en el diario El Peruano Cipriani lo dijo explícitamente. A la pregunta "¿Ha recibido denuncias de desaparecidos?", respondió: "Sí, pero en muchos casos se trata de gente que ha huido o que se ha enrolado en la subversión, e incluso es posible que en algún enfrentamiento haya caído. No lo hemos identificado. No es mi papel. No es común en mi arquidiócesis recibir denuncias sobre abusos". Eran los años en que un cartelito en la oficina del Arzobispado decía "Aquí no se reciben reclamos sobre derechos humanos". Con ironía serrana los huamanguinos recuerdan que más abajo había otro cartel: "Aquí no se otorgan recomendaciones para trabajo". Por fortuna para la Iglesia, conductas como la del arzobispado de Ayacucho no fueron la norma y sí más bien la excepción. Solo así puede explicarse que el mayor número de sacerdotes, monjas y laicos asesinados por uno u otro bando, ocurrió fuera del epicentro de la guerra. Diócesis como las de Ancash o Junín tuvieron más víctimas que la de Ayacucho. Como dijo Augusto Dammert luego del asesinato de dos monjas: "De haber sido una Iglesia encerrada en nuestras sacristías y preocupada únicamente de lo que ocurre dentro de sus paredes, no habríamos tenido ningún problema, no hubiéramos tenido conflictos ni incomodado a nadie". LA OTRA HISTORIA. Estas y otras muchas evidencias son "apreciaciones sesgadas o falsas" para Héctor López Martínez, que expone a continuación algunas de "las innumerables obras que (Cipriani) realizó en defensa de los derechos humanos". Menciona, por ejemplo, a tres sacerdotes itinerantes encargados de las "zonas liberadas". Tres sacerdotes en ocho años de labor parece un número insignificante ante la magnitud del problema. Más adelante dice: "Nada escapó al infatigable trabajo pastoral de monseñor Cipriani. Sabía que en la cárcel, desgraciadamente, había gente inocente y por eso encargó a una religiosa, la madre Covadonga, para que se ocupara de esas personas". La verdad es que la madre Covadonga y las Agustinas trabajaban en las cárceles desde mucho tiempo atrás; tal vez Cipriani no las obstaculizó demasiado, pero tampoco vio su trabajo con buenos ojos. "Me fastidia un poquito tanta dedicación a los presos y ninguna dedicación a los campesinos", dice una de las tantas declaraciones suyas que consigna el informe de la CVR. "Monseñor Cipriani recorría todo el territorio de su convulsionada arquidiócesis sin más custodia que un policía, Leonardo Cahuala Candela". El comentario cobra sentido ante las múltiples menciones de viajes en helicóptero, muchas veces en compañía de Alberto Fujimori, alguna vez vistiendo ponchos idénticos, que los ayacuchanos recuerdan bien. Por lo demás, si fuera cierto que únicamente el guardia Cahuala Candela velaba por su seguridad, eso solo pondría de manifiesto la irresponsabilidad del obispo, o la vida sedentaria que llevaba. "Con su palabra serena y valiente en las homilías dominicales - continúa el artículo - monseñor Cipriani galvanizó las voluntades de los ronderos". Esa galvanización sería un proceso subjetivo, difícil de probar o refutar, pero como orador sacro, o como mero orador, Cipriani se caracteriza por un lenguaje áspero y brusco que se torna vulgar cuando enfrenta a sus opositores. Las citas podrían continuar, y son tan contrarias a los hechos recogidos que uno llega a dudar si el articulista está hablando de la misma persona. El mundo está lleno de opiniones contrarias, me digo, pero lo cierto y lo falso no pueden ser iguales. En el primer renglón el autor declara su fe católica. Al final me pregunto si para él aprobar, defender, encomiar al cardenal del Opus Dei es el resultado de un acatamiento anterior, de un espíritu de cuerpo o de grupo que lo hace prescindir de las evidencias. El artículo termina invocando a "la justicia y la verdad que siempre triunfan". Me temo que ni siquiera esa última certeza puedo compartir. Siempre será posible sostener lo que manifiestamente no es cierto ni justo.