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Cinco víctimas deja ataque narcoterrorista en Huanta

2009/08/03

Uno de los efectivos cayó abatido cuando protegía a esposa y suegra que lo visitaban. Analistas afirman que ha quedado demostrado, una vez más, el fracaso de Plan VRAE.

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Esta vez no fue una emboscada a una solitaria patrulla policial ni un asalto a una comisaría de pocos efectivos. Las fuerzas narcoterroristas que operan en el VRAE atacaron la noche del sábado nada menos que una base antisubversiva de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía, en la provincia ayacuchana de Huanta, dejando un saldo trágico de tres policías y dos mujeres civiles asesinados. A las 11:15 de la noche –según la versión del Ministerio del Interior–, entre 50 y 60 senderistas asaltaron desde los cuatro flancos el local policial, donde en ese momento se hallaba una treintena de efectivos. Según fuentes de Inteligencia, usaron cohetes RPG (antitanques) y fusiles. Testigos de la zona relataron, por teléfono, a Perú.21 que los narcoterroristas trataron de penetrar la base por el lado posterior, pero los policías tomaron las partes altas y desde allí repelieron el ataque, al tiempo que se ubicaban en el segundo piso del edificio contiguo de la municipalidad. Allí también respondieron el hostigamiento que llegaba desde las esquinas de la plaza y desde la iglesia del pueblo. En medio del enfrentamiento cayeron Meylin Tineo Acero y Milagros Acero Urriate, esposa y suegra, respectivamente, del suboficial Giuseppe Carlotto Soto, quien también fue abatido mientras trataba de protegerlas a ambas en plena plaza de armas. Asimismo, perdieron la vida los suboficiales Janier Fernández Guevara y Prudencio Larico Mamani. Quedaron heridos los suboficiales Félix Chuquipul Macizo y Martín Cabrera Chalán. El combate, según el Ministerio del Interior, acabó a la medianoche. VIAJARON EN COMBIS. Voceros del ministerio y de la Policía, así como los testigos de la zona, presumen que entre los narcoterroristas también hubo bajas, pues con la luz de la mañana se pudo apreciar en la plaza de San José de Secce charcos de sangre y huellas de que varios cuerpos ensangrentados habían sido arrastrados. Fuentes de Inteligencia señalaron que los senderistas habrían llegado a San José procedentes de Sivia, trasladándose en por lo menos cuatro camionetas tipo combi. Lo que sí quedó confirmado es que en su huida un grupo de ellos secuestró a un chofer de otra combi, quien los transportó por unos 35 kilómetros en dirección hacia el VRAE. El conductor denunció los hechos en la comisaría de Huanta y, según algunas fuentes, habría indicado que vio algunos cadáveres. Mientras los delincuentes se refugiaban en la selva, dos helicópteros del Ejército sobrevolaban los alrededores para dar con su paradero. Una versión periodística de la zona aseguró que la Policía detuvo a cinco personas que fueron encontradas en las inmediaciones del caserío, las cuales están siendo sometidas a intensos interrogatorios. El dato no fue confirmado por los policías consultados. Conocido el ataque, el ministro del Interior, Octavio Salazar, se trasladó a San José de Secce junto con el director general de la Policía, Miguel Hidalgo, y el viceministro de Orden Interno, Wilson Hernández. Allí, en la plaza de armas, Salazar elogió el coraje de los policías que no permitieron que la estación fuera tomada y anunció que las bases de la zona serán reforzadas. El ministro regresó a Lima alrededor de las 7 de la noche, junto con los cuerpos de los tres efectivos mártires, los que serían enterrados hoy. QUÉ PASA CON EL PLAN VRAE. El valor demostrado por los miembros de la Dinoes no impidió que volvieran las críticas al Gobierno por la aparente ineficacia del Plan VRAE. Por ejemplo, el analista Fernando Rospigliosi lamentó, en CPN Radio, que el Ejecutivo siga insistiendo en poner bases inmóviles y no reforzar la Inteligencia para acabar con los remanentes senderistas. “Deberían aprender de la experiencia del Huallaga”, afirmó. Por su parte, la congresista ayacuchana Elizabeth León (Bloque Popular) se preguntó por qué no se aprueba de una vez el proyecto de ley que crea una junta intergubernamental que diseñará una estrategia de intervención en el VRAE de modo que se ponga a la población del lado del Estado.