A medida que avanzan las investigaciones sobre el caso del espía peruano Víctor Ariza, a Chile se le va haciendo más difícil negar que el suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) fue contratado para vender información reservada y secreta al país del sur. Ayer, el ministro de Defensa de Chile, Francisco Vidal, confirmó que las dos personas vinculadas con Ariza, el oficial Adrián Bravo Carrasco y el suboficial Jaime López Ruiz, pertenecieron a la Fuerza Aérea de Chile (FACH). “Son funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea. El comandante Bravo y el suboficial López trabajan en protocolo, en relaciones internacionales, y coincidieron con Ariza formalmente, porque ambos tenían relaciones con todos los agregados militares y particularmente aéreos acreditados en Chile”, precisó el titular de Defensa. Pese a todo, Vidal calificó de “coincidente” la situación y señaló que Chile responderá al Gobierno del Perú “oportunamente” y “de Cancillería a Cancillería”. EN ESTUDIO. Por su parte, la presidenta Michelle Bachelet aseguró que su gobierno responderá a la denuncia peruana de espionaje “cuando tenga claro de qué se trata” el caso del suboficial peruano Víctor Ariza. “Estamos estudiando todos los elementos. Apenas tengamos una convicción respecto a esto (espionaje), la vamos a entregar”, manifestó la mandataria chilena en una entrevista con radio Cooperativa. Asimismo, y en respuesta a la petición del canciller peruano José Antonio García Belaunde –quien expresó que esperaban la respuesta chilena antes del cambio de mando–, Bachelet afirmó que la respuesta al Perú sobre este espinoso tema no será una tarea pendiente que dejará a su sucesor, quien será elegido el próximo domingo 13 de diciembre y asumirá el cargo en marzo de 2010. “Chile siempre ha tenido una actitud de respeto y de diálogo con todos los países y, por cierto, con los países vecinos”, agregó la presidenta. Como se recuerda, la tercera semana de noviembre Perú envió al Gobierno de Chile un dossier –con más de 300 páginas– en el que se incluía la documentación sobre el supuesto espionaje realizado por Ariza quien, según su declaración, fue captado por dos presuntos funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, quienes le pagaban 3 mil dólares mensuales por la información que enviaba. Ariza –quien es procesado tanto en el fuero civil como en el militar– está detenido en el Penal de Piedras Gordas, a donde fue trasladado luego de que el Ministerio Público formalizara la denuncia en su contra. INHIBICIÓN. Al cierre de esta edición, aún no se tenía información respecto a la decisión asumida por la titular del 58° Juzgado Penal, Antonia Saquicuray, respecto al pedido de inhibición planteado por el Tribunal Supremo Policial Militar. Según fuentes judiciales, la magistrada notificó ayer a las partes involucradas sobre su decisión. Si Saquicuray decide inhibirse, entonces, el proceso penal pasará a manos del fuero militar que juzga a Ariza por el presunto delito de traición a la patria. En caso contrario, el pedido pasará a debatirse en el pleno del Tribunal Constitucional.