No solo sus opositores responsabilizan a César Álvarez, presidente de la región Áncash –quien se encuentra con licencia para postular a la reelección–, del atentado contra su voceado reemplazante en el cargo y consejero regional, Ezequiel Nolasco. El ministro del Interior, Octavio Salazar, confirmó que una de las hipótesis que baraja la Policía es que el ataque a Nolasco sería un acto de “amedrentamiento político por su posible designación como nuevo titular del gobierno regional de Áncash”. Esta versión fue ratificada por el director general de la Policía Nacional, general PNP Miguel Hidalgo, quien precisó que esta presunción parte de las declaraciones del propio Nolasco, con quien se entrevistó en Chimbote. En su presentación ante la Comisión de Defensa del Parlamento, el oficial sostuvo que otra hipótesis es que el ataque sería consecuencia de las pugnas entre dos facciones del gremio de Construcción Civil en Chimbote, una de las cuales es liderada precisamente por Nolasco. Esta versión, sin embargo, fue rechazada horas después por el consejero, quien aseguró que sus atacantes fueron sicarios “y el gremio no tiene dinero para financiar eso”. Hildago, en tanto, agregó que las investigaciones están bastante avanzadas y que se ha elaborado un identikit del presunto autor de los disparos. Asimismo, se supo que efectivos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía intervinieron dos vehículos con registro municipal N° 0085 y 1246, los mismos que habrían sido utilizados por los atacantes para fugar del lugar. En uno de ellos, incluso, trascendió, la Policía ha encontrado rastros de sangre. Además, se conoció que dos personas fueron intervenidas en el Pueblo Joven 1 de Mayo de Chimbote. QUERÍA INVESTIGAR A ÁLVAREZ. De otro lado, mientras la Policía reiteró que la muerte del presidente regional interino de Áncash, José Sánchez Milla, fue producto de un asalto perpetrado por delincuentes comunes, ayer salieron a la luz nuevas pistas sobre los potenciales móviles políticos de ese crimen. Fuentes acreditadas revelaron a Perú.21 que, a inicios de junio pasado, días antes de asumir el cargo, el asesinado consejero llegó a Lima para buscar asesoría especializada en temas tributarios. Su objetivo era iniciar una fiscalización, a fondo, de la gestión de César Álvarez y del ahora suspendido contrato con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para un conjunto de proyectos que comprometían 840 millones de soles. Durante las dos reuniones que sostuvo con los expertos, trascendió, Sánchez expresó además su molestia porque se había ejecutado un mínimo porcentaje del presupuesto regional. “Como no tenía la intención de postular a la reelección, quería hacer las cosas bien. Incluso, había previsto cambiar a algunos gerentes, cercanos a Álvarez, que cobraban por los contratos”, comentaron las fuentes, que, por el momento, prefieren mantener su identidad en reserva. En Chimbote, la viuda de Sánchez Milla, Yolanda Bonifacio, denunció que es víctima de seguimiento, y que personas extrañas vigilan su domicilio, por lo que pidió resguardo policial. Por su parte, el jefe de la División Territorial Policial de Trujillo, general PNP Guillermo Arteta, dio cuenta de la captura de Jonathan Víctor Zelada Carmona (25), presunto integrante de la banda que asesinó a Sánchez Milla. Reveló que, en su poder, se encontró el chip del teléfono celular de la víctima. “Un sicario dispara a la cabeza o al corazón, no a la pierna (como sucedió en este caso)”, señaló al desvirtuar que se haya tratado de un atentado. Asimismo, en la Comisión de Defensa, las autoridades policiales dijeron que continúan las investigaciones sobre el intento de secuestro a la hija del congresista ancashino Fredy Otárola quien, dijeron, no ha querido declarar hasta el momento y ha dejado el caso en manos de un abogado.