Con la liberación de Rómulo León es muy probable que, para todo efecto práctico, se haya puesto punto final a uno de los más sonados casos de corrupción gubernamental que hayamos presenciado o, mejor dicho, escuchado. Ya no queda detenido ninguno de los involucrados, la investigación hace meses que se ha estancado, no ha atestiguado ninguno de los ministros renunciados y ni siquiera han leído el contenido del computador del acusado. Difícil pensar que pueda existir alguien que, genuinamente, crea que este caso no esté cerrado. Tampoco debe quedar alguien en el país que crea que el hundimiento del expediente no fue adrede. Nadie en su sano juicio se va a comprar la historia del tremendo juez que ha estado ocho meses esperando infructuosamente que llegue un 'experto’ del cielo para realizar la 'compleja’ operación de prender un computador y leer los archivos. Francamente, la manera como han mecido a la opinión pública ha sido una falta de respeto. En todo caso, al margen de si el caso es rescatado entregándolo a un juez ad hoc que sea eficiente, lo más preocupante es la señal que viene dando esta muestra de interferencia en el Poder Judicial que concluye en impunidad gubernamental. Más alarmante aún es que se produzca en momentos en que está renunciando el premier que, justamente, fue nombrado para apagar el escándalo generado por los 'petroaudios’. No sé si será anecdótico o sospechoso, pero es una extraña coincidencia que los ciclos de vida tanto del proceso penal como del gabinete ministerial, que nacieron el mismo día y como resultado del mismo destape periodístico, estén concluyendo al mismo tiempo. Incluso esta simultánea terminación podría ser interpretada convenientemente por algunos como un retorno al negocio como si nada hubiera pasado. Para evitar esa situación, sería adecuado que el Poder Judicial dé alguna muestra de indignación por la falta de actuación y traslade el expediente a otro juzgado. Pero lo más importante sería que el presidente García designe un gabinete compuesto únicamente por miembros de indudable e intachable reputación y presidido por un premier sobre el cual no recaigan dudas ni cuestionamientos. El gabinete que se nombre este fin de semana debería, idealmente, acompañar al mandatario hasta el fin de su gobierno y, para lograrlo, no puede incluir a nadie que corra el riesgo de ser eventualmente impugnado.