Era inevitable que, con la crisis internacional, la economía peruana –que hasta hace no muchas semanas todavía venía creciendo a tasas elevadas– se desacelerara. Todos los analistas sin excepción, incluyendo al propio gobierno, ya habían reducido su proyección y nadie esperaba que se superara el 4% de crecimiento. Sin embargo, es alarmante la fuerza del frenazo y, con el resultado de los primeros dos meses del año, es probable que no pasemos siquiera del 2%. ¿Por qué nos hemos frenado tan rápido? En primer lugar, por el equivocado enfriamiento aplicado en la segunda mitad del año pasado al considerarse peligroso el 9% de crecimiento. Luego, fuimos el último país del mundo en responder a la crisis, y lo hicimos cuando las expectativas empresariales ya se habían evaporado. Esos dos errores nos han costado caro y se reflejan ahora en el casi nulo crecimiento que estamos registrando. Por ello, hay que dejarse de triunfalismos, pues aun con 2% seremos la estrella de la región, y darle un sentido de urgencia a la recuperación del crecimiento. El gobierno debe ponerse una fecha límite para que, efectivamente, se concreten sus constantes anuncios: la agilización del pago de impuestos en obras, la creación del fondo de infraestructura, etc. También, asegurar que el aparato estatal en su conjunto aporte, para lo cual el presidente deberá pedir cada semana que su gabinete le rinda cuentas de lo actuado. Y si se insiste en mantener a las empresas públicas como un reducto de beneficio exclusivo de compañeros, por lo menos exigirles resultados. Pero no todo es Estado, y si el empresariado no recobra la confianza, nos quedaremos estancados. En este punto no es mucho lo que se ha hecho al haberse puesto todos los huevos en la canasta de la construcción, pese a lo arriesgado que es depender solo de un sector. Por lo tanto, falta que el gobierno dicte medidas para mejorar la competitividad del sector privado: reducir aranceles, eliminar burocracia, introducir reinversión de utilidades, acelerar la entrega de concesiones, promover la Ley Mype, actuar de facilitador para la gran inversión, flexibilizar la legislación laboral, reformar el mercado de capitales para que las empresas se puedan financiar, entre otras. El gobierno nunca debe olvidar que es fundamental mantener un nivel adecuado de crecimiento para satisfacer a nuestra joven población.