Estas demandas sintetizan, además, las de cientos de miles de hombres del campo preocupados por ser reconocidos como parte del Perú; pero no solo se trata de demandas justas, sino que estas son bien conocidas por el Gobierno, tal como lo ha señalado el presidente del Frente Regional de Defensa Agrario de Apurímac, Braulio Lazo: "Las autoridades aquí sabían de nuestros reclamos. También fuimos en mayo a Lima y dejamos un documento en la Presidencia del Congreso, en Provías y en otras instituciones. Pero no nos han hecho caso". (La República, 17-7-07). El presidente Alan García anunció hace unos meses la aplicación de un "tratado de libre comercio" interno, que se supone tendría como protagonistas a los agricultores que producen para el mercado doméstico. ¿Cuánto se ha hecho al respecto, más allá del programa Sierra Exportadora, que tiene un efecto marginal en la economía agropecuaria? El Gobierno se empeña exclusivamente en mejorar las condiciones de la producción agroexportadora; y está muy bien que la agroindustria florezca, que el Perú compita en el mercado mundial y que exista una política de ingreso a Estados Unidos, Europa y Japón, sin olvidar que también sería bueno que se paguen mejores salarios a los trabajadores rurales que laboran en estas empresas de alta producción e inversión. Pero mejor todavía sería que el Gobierno se esforzara por vincularse con las comunidades campesinas, en aras de mejorar su productividad y ampliar sus mercados. Estas comunidades, parte de las cuales se han movilizado en Andahuaylas, constituyen las organizaciones rurales más importantes del Perú y concentran una amplia biodiversidad andina, riqueza que los campesinos conservan contra viento y marea. Lamentablemente, para que la agenda política nacional los incluya, los campesinos no encuentran más camino que tomar medidas radicales. La voluntad negociadora, sin embargo, queda clara: el paro quedó suspendido en cuanto se anunció el viaje de una delegación presidida por el premier Jorge del Castillo. Ojalá este encuentro impulse el diseño de una política agrícola interna, más aun a escasas semanas de los anuncios presidenciales del 28 de julio.