Mientras a un lado de la acera un grupo de ministros critica el D.Leg. 1097 y pide su derogatoria, al otro lado el titular de Defensa, Rafael Rey, defiende a capa y espada la vigencia de la norma, con la anuencia y el respaldo –aunque tibio– del presidente Alan García. Ayer, horas antes que el mandatario informara que había aceptado la renuncia del Gabinete, el ministro de Justicia, Víctor García Toma, reveló que “hay una propuesta de un grupo de ministros para presentar un proyecto de ley para que el Gobierno pida al Parlamento que derogue el D.Leg. 1097, ya que nosotros no podemos porque el Congreso solo nos dio facultades para legislar”. Esta postura fue respaldada por la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, quien, incluso, pidió a su colega de Defensa que sea “consciente que innecesariamente pone al Gobierno en una situación complicada. Rey debería pensar cuánto comprometen sus propuestas al Gobierno”. DOS A FAVOR. Las declaraciones de García Toma, quien además puso sobre la mesa las diferencias entre su despacho y el sector Defensa sobre el decreto, causaron la ira presidencial. Al ser consultado sobre la posible derogatoria, Alan García respondió con una advertencia: “Le pido a los ministros que me hablen a mí antes de hablar por los periódicos, si no quieren salir cuanto antes del gabinete”. Refirió que no haría “cuestión de Estado” si la norma es derogada por el Legislativo. Por su parte, Rafael Rey anunció su renuncia al cargo si el Ejecutivo envía el proyecto de ley anunciado por García Toma. “Quedarme sería ir en contra de lo que pensé hace una semana, porque nada ha cambiado, salvo algunos que se han 'chupado’ por el griterío”, refirió el autor de la cuestionada norma.